Las medidas legales aprobadas por el Parlamento de Andalucía y que entorpecen tímidamente la venta callejera de alcohol a menores son un buen comienzo para lo que debería ser un gran pacto de Estado contra la alocada exhibición etílica que se muestra cada fin de semana en las calles y plazas de toda España. La iniciativa es digna de aplauso, pero, si me lo permiten, resulta insuficiente. No hay que viajar a muchos kilómetros de nuestro país para apercibirse de la contundencia con la que nuestros vecinos abordan el problemático asunto que plantea una juventud ocupada exclusivamente en coger unas cogorzas de campeonato cada sábado noche. En los Estados Unidos por ejemplo, es un delito de graves consecuencias venderle una cerveza a alguien menor de dieciocho años, al que, por supuesto, se le impide beber en la calle. Los Ayuntamientos aún no se ha atrevido —víctimas, tal vez, de complejos inconfesables— a zanjar un asunto tan escandaloso como el de miles de jóvenes alterando el orden cívico y poniendo en peligro un puñado de vidas al volante después de verter varios litros de cerveza barata en su cerebro. Nadie quiere tomar el toro por los cuernos, ignoro si por el temor de perder votos o por esa dejación ideológica que nace de falsos liberalismos. Nadie. Nadie quiere meterle mano al enriquecimiento canalla de una serie de individuos que se ganan la vida atiborrando de alcohol a pandillas de majaderos que sólo saben divertirse eructando unos con más fuerza que otros u orinando en los portales. No seremos menos modernos ni menos progresistas por impedir con toda la contundencia debida que auténticas legiones de veinteañeros —o incluso quinceañeros— se emborrache en las calles. Ni en las calles ni en sus casas. Recuperar la autoridad, esa que no existe, es un paso imprescindible par que estos borrachuzos del futuro no condenen su vida a una espiral suicida, dejen tranquilos a su vecinos y no se maten en las carreteras. Enhorabuena al Gobierno andaluz, pero que se arme de valor y se meta a fondo en el asunto.