Produce una innegable pereza ponerse a diferenciar el distinto comportamiento de los partidos políticos antes situaciones semejantes según sean poder u oposición. Es una historia conocida y sabida: unos y otros harán cosas parecidas a las que criticaban cuando se encontraban en otra situación. Puede que sea la condición humana, o la falta de vergüenza, o ambas a la par, pero, sin el menor asomo de pudor, censuran comportamientos que imitan en otros territorios y utilizan distinta vara de medir según cual sea el interés.
El asunto que involucra a Canal Sur Televisión y a los gobiernos andaluz y extremeño sería uno de ellos. Una decisión bilateral de ambos Ejecutivos ha dispuesto que se pudiera acceder a la programación televisiva andaluza desde el territorio vecino, el cual completaría la parrilla con productos informativos autóctonos producidos, claro está, por el grupo Prisa.
En principio, nada que objetar, cada uno encarga sus trabajos a quien considera oportuno, ¿qué esperaban, que se lo encargasen a Miguel Ángel Rodríguez?; el problema no radica —pienso— en ello. El Senado, controlado por el PP, ha querido bloquear ese acuerdo aduciendo confusas razones coyunturales y uno se pregunta si ese veto se hubiese producido en el caso de que el acuerdo lo protagonizaran la Comunidad de Madrid y la de Castilla y León. Del hecho, la televisión catalana, que, al igual que la andaluza, la vasca, l valenciana, es manejada como considera oportuno el poder de turno, pudo exportar sus programas a las Islas Baleares, con as que le une el idioma y un innegable flujo de afecto, sin más tensión que la mínimamente contemplable.
El afecto y la lengua es el mismo que une a andaluces y extremeños. La televisión vasca, tan rarita, tan alienante, tan nacionalista, tan todo eso, exporta su mensaje vasquista y excluyente a Navarra sin que aquí pase nada: ambas comunidades, siendo distintas, son próximas e históricamente osmóticas —perdón por la expresión—, con lo que todo se arregló con la justificación cultural. Otra cosa es que se vea, que no se ve; pero se puede ver, que es la cuestión.
El acuerdo entre Chaves e Ibarra, menos inocente de lo que quieren dar a entender los contrayentes, sólo puede ser cuestionado por el hecho de no haber pasado por el Parlamento regional, del que, por cierto, saldría aprobado por elemental cuestión numérica. No recuerdo si los que antes he citado pasaron por este trámite político o fueron elemental cuestión de avance tecnológico. Sin embargo el PP prefiere la titánica tarea de ponerle puertas al campo. ¿Lo haría igual en el caso de gobernar en Andalucía y en Extremadura?. ¿Lo haría el PSOE en el caso de que las tornas fueran invertidas?. Se admiten apuestas.
