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29 de junio de 2018

Las facturitas de Sánchez y Marlaska


¿Qué razón hay para acercar al País Vasco a un criminal execrable como el asesino de Miguel Ángel Blanco?

DÓNDE deben estar los presos? ¿Cerca de donde cometieron el delito? ¿Cerca de los jueces que les investigan? ¿Cerca de donde vive su familia? ¿Cerca del despacho de su abogado? ¿Allá donde haya sitio? Difícil ecuación la de resolver aspectos revueltos entre lo mundano, lo personal, lo judicial y lo operativo. Muy difícil. A los presos de la ETA se les dispersó para que no formaran bloques graníticos en las cárceles en las que hubieran querido estar: imaginen que se hubiese elegido una prisión como Martutene en San Sebastián como el lugar donde recluirlos a todos; una suerte de Spandau para delitos específicos. Martutene o cualquier otra habría sido un indudable símbolo al que peregrinar, amén de una forma de los duros de controlar a los presos más dubitativos. La eficacia de la lucha contra la ETA ha consistido en diversos pilares, siendo uno de ellos, fundamental, dispersar a estos cabrones por todas las cárceles del país. Si tienen que hacer turismo sus familiares es, en cualquier caso, menos deprimente que el turismo que han de hacer a los cementerios las familias de los asesinados. Dicho lo cual.

A Sánchez le van a pasar facturas. Y va a pagarlas le gusten más o le gusten menos. Ha anunciado sin demasiado rubor que va a proceder a un par de acercamientos: presos del procés y presos de ETA. Por partes: los presos preventivos del golpe de Estado propiciado en Cataluña por toda la bosta independentista son, exactamente, presos en espera de juicio, y en nada perjudica al proceso judicial que vivan cerca de sus familias y sus abogados. Sólo existe un pequeño problema: si se trasladan a cárceles catalanas deberá de tenerse en cuenta que la Generalidad tiene competencias carcelarias y que ello puede suponer algunos beneficios penitenciarios que choquen con la intención del instructor. Insisto, no es grave que Junqueras esté en Can Brians, pero deberá observarse con lupa si eso supone algún provecho extra al que no tendría derecho si siguiera en Estremera.

Pero luego está la ETA, que es otra cosa muy distinta. Absolutamente distinta. Que el nuevo ministro del Interior diga que se van a estudiar acercamientos individualizados de asesinos en virtud de no sé qué criterios invita a pensar que las facturas de Sánchez empiezan a ser cobradas. ¿Qué razón hay para acercar al País Vasco a un criminal execrable como el asesino de Miguel Ángel Blanco? ¿Un simple acuerdo político? Que García Gaztelu, vuelva a su casa –como hizo estando su padre dificultado para viajar virtud a un inexplicable permiso del juez penitenciario de la Audiencia Nacional– es un seco golpe en la espalda de las víctimas semejante al que hizo el PP cuando liberó al canalla de Bolinaga para que se dedicara un par de años a inaugurar Herriko tabernas. Ahora lo va a hacer Sánchez atendiendo a sus acuerdos con el PNV y los herederos de ETA en el Congreso: dice Marlaska que tipos como Santi Potros o Txapote pueden situarse cerca de su familia en virtud de acuerdos políticos, pero habría que preguntarle: ¿y los presos que nos son de ETA pero que sí son vascos? ¿El vasco que estafó a una familia de Albacete o el vasco que atracó un supermercado en Córdoba tienen derecho al traslado? ¿O solo hay que preocuparse de los asesinos de la ETA que durante decenios han masacrado a la sociedad española? ¿Por qué tanto interés humano en desvivirse por el bienestar de los asesinos etarras y tan poco interés en preocuparse por otros vascos encarcelados lejos de su tierra por delitos infinitamente menos graves? Que el miserable PNV quiera atender a sus sobrinos descarriados puede entenderse si se sabe con que clase de gente se juega: que lo haga el Gobierno de España es, sencillamente, vomitivo. 


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