Todo junto y revuelto es un delirante monumento a la corrupción y un insolente insulto a los españoles

Quiero imaginar que no serán legiones los que se sientan sorprendidos por el último pacto entre Sánchez y Puigdemont para allanar definitivamente la impunidad del segundo y el sillón del primero, merced a la Ley de Amnistía pactada ayer en el Congreso. ¡A quién puede extrañarle que uno mienta sobre sus principios y el otro haga valer su fuerza parlamentaria! Estaba claro que, si había que retocar la ley, tal y como estaba cuando fue rechazada por el Parlamento, se iba a retocar y se añadiría lo que quisiera el golpista catalán. Tal como se previó, el gobierno ha pactado una exención jurídica para una serie de delincuentes con nombres y apellidos, lo cual es por sí mismo una aberración jurídica y política, y supone una suerte de amnistía total, hicieran los golpistas lo que hicieran. Solo ha faltado decir en el texto lo que se asume en el espíritu de la ley: da igual lo que hayan hecho, se perdona todo y, además, conforme a la directiva europea.

Es una amnistía a la medida, calibrando el terrorismo a la carta, superando la traición si no se ha hecho uso de la fuerza y obviando la malversación si el robo del dinero no ha sido para enriquecer bolsillos privados. Todo junto y revuelto es un delirante monumento a la corrupción y un insolente insulto a los españoles que no tienen mas remedio que cumplir con las leyes al no tener la suerte de ser golpistas independentistas catalanes. Es corrupción que unos golpistas que amenazan con volver a repetir la hazaña –ahora que se ha devaluado el delito– consigan la impunidad a cambio de mantener en el poder a quien perdió las elecciones, y que, también, está siendo protagonista de una trama corrupta de dimensiones que aun no somos capaces de delimitar, como si fuera un universo en expansión.

Tampoco sorprende el descaro con el que la ley ignora lo que dice el Código Penal. ¿Eso es admisible? ¿Ha provocado un ataque de risa en juristas como Marchena o cualquier otro miembro de la Sala Segunda del Supremo? Con todo, las leyes las interpretarán los jueces, con lo que preparémonos para algunas sorpresas no descartables. Todo el proceso está tintado por el color del disparate, la mentira, el autoritarismo y la arbitrariedad: cada paso ha ido precedido de una mentira, es una ley rechazada por más del 60% de los españoles, hecha a medida de las necesidades específicas de delincuentes específicos y elaborada con oscurantismo de urgencia. Cree el sanchismo, por demás, que merced a esta iniciativa también se va a pasar página de la corrupción y, al menos durante un tiempo, dejará de ser noticia el inmenso puzzle del caso Koldo, pero más allá de ensoñaciones, lo cierto es que con esta iniciativa vendida como una beatífica medida de «reconciliación y encuentro» somos los españoles quienes pedimos perdón a Puigdemont por no haberle permitido consumar su golpe antidemocrático Todo mediante una ley que será un «referente internacional». Como la del 'sí es sí', supongo.