A estas alturas nadie sabe a ciencia cierta lo que pone exactamente en ese famoso Manual que ha servido de base -junto a las declaraciones de un testigo de identidad supuestamente protegida y conocidísimo por todos- para que la Fiscalía Anticorrupción propusiera la imputación delictiva de un secretario de Estado en el turbio asunto de las finanzas ocultas del BBV. Ponga lo que ponga, debe de haber todo un ejército de ciudadanos convencidos de que el mal, en su más insolidaria interpretación, vive albergado en una líneas que, a buen seguro, dicen cómo hay que hacer las cosas para pagar menos a Hacienda en un país en el que se le paga mucho a Hacienda y en el que las desgravaciones legales están, digo yo, para algo. Independientemente de la capacidad de acierto de Cristóbal Montoro para elegir secretarios de Estado, no sabemos lo que sugería el señor Ponga en su Manual -si es que lo redactó él, cosa que niega ante Dios y ante los hombres y ante los periodistas- para aliviarse en el pago de impuestos: un Manual en el que se desbroce el endemoniado camino de las deducciones a las que un individuo o una empresa pueden acogerse no parece un delito tal como para movilizar la muy movilizada Fiscalía Anticorrupción Contra Las Infracciones Que Especialmente Hacen Unos Y No Otros. Otra cosa es que diga, directamente, que se evada el dinero a la Isla del Chaleco, lo cual no estaría bonito, aunque eso es algo que, como tantas cosas, ignoramos. Mientras tanto, leña al mono y, especialmente, al vicepresidente.
Desgravar dentro de la ley es, no sólo legal, sino legítimo, cosa que parecen olvidar algunos, y los responsables políticos no son una excepción. Sin embargo, en muchas ocasiones juegan irresponsablemente con la idea de que el que se acoge a todo resquicio posible para aliviar el peso del mangazo del Estado es un sospechoso de insolidaridad. Recuerden la que el Partido Socialista le montó a Julio Iglesias cuando éste manifestó su apoyo al Partido Popular en las elecciones del 96: el cantante madrileño era, de momento, malo como un dolor, pero es que, además, pagaba sus impuestos en Miami en vez de hacerlo en la España que tanto decía amar. ¡Menudo insolidario! Lo curioso del caso es que ningún cerebro fiscal de aquella formación se avergonzó por utilizar un argumento tan inexacto como injusto: Julio Iglesias paga los impuestos allá donde vive y otra parte allá donde canta, como debe ser. Si canta en España, paga en España, pero si canta en Australia y luego se va a su casa de Florida ¿quiere alguien decirme por qué tiene que parar en Madrid para darle dinero al Estado español? Y si se fue allí será porque le convenía a su carrera profesional, digo yo. Otra cosa es que los socialistas consideraran que nadie tiene derecho a vivir fuera de España, pero hasta ahí no llegaron, porque entonces habría que empezar a meterse con los científicos que se han ido a trabajar a los USA, con los empresarios que han invertido fuera y con no poca gente más. Al poco tiempo, precisamente, otro español abordó con éxito el mercado norteamericano e instaló allá sus reales: en esta ocasión, se trataba de un Antonio Banderas que, con toda normalidad, expresó su apoyo al PSOE y que, como también es lógico, pagaba sus impuestos en aquel país en el que ingresaba y gastaba. Aquí ningún airado contribuyente político utilizó el burdo argumento de la insolidaridad. Menos mal. En cambio la cantinela esa de los impuestos de Julio lleva años instalada en nuestro subconsciente.
Con lo del Manual tal vez pase lo mismo. No sabemos nada aún, pero ya esperamos ansiosos la larga y negra sombra del defraudador proyectada sobre el gobierno. Ponga lo que ponga, insisto.
