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5 de enero de 2002

Desfachatez y contumacia


España es un país corporativista. Fuertemente corporativista. Corporativistas somos los periodistas, son los médicos, los arquitectos, los abogados... Véase si no el deprimente espectáculo brindado por jueces y fiscales ante el escándalo de la tristemente famosa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: aún estoy por escuchar una sola voz, rotunda y bronca, que censure sin paliativos la desfachatez contumaz de los magistrados «liberadores» de narcotraficantes y etarras.

Todo son reservas y paños calientes. Todo son prudencias y comprensiones. Se la cogen con la misma marca de papel de fumar que los psiquiatras «comprensivos» con los diagnósticos del responsable penitenciario que decidió que el tal Carlos «el negro» estaba tan malito, tan malito, que si no le sacaban de la cárcel acabaría suicidándose con una sábana. Hablamos de los Cezones que se ponen el mundo por montera y sacan asesinos de paseo, pero no hablamos de los facultativos que se dejan engañar por un delincuente de armas tomar.

Ignoro si estamos ante un caso semejante al de Varón Cobos y Hermida, pero de ser así, habría que incluir en el paquete a un médico que considera perogrullamente que el susodicho delincuente está bipolarmente transtornado: ¿Qué preso no siente una elemental depresión por estar encarcelado? ¿Qué preso no alterna esos momentos con otros de manifiesta euforia? ¿Qué recluso no es capaz de reconocerse agonizante ante la expectativa de ser trasladado a una situación más placentera? Item más: ¿Qué preso no es capaz de simular una patología de ese jaez, sabiendo, como sabe, que los exámenes no son precisamente exhaustivos?

Todos los encarcelados españoles firmarían mañana mismo un dictamen tan generoso como el que el psiquiatra penitenciario firmó sobre el narcotraficante más voluminoso de las últimas décadas. De no haber existido ese diagnóstico, ninguno de los Cezones hubiera podido firmar la vergonzante y sospechosa excarcelación, aunque en descargo del médico deba decirse que los jueces hubieran podido enviarlo a un hospital penitenciario en el que se le hubiera tratado su «dolencia», pero hubiera seguido a buen recaudo. Curiosamente no fue así y hoy, el responsable «presunto» de haber ingresado en nuestro país miles de dosis de muerte está huido tan ricamente a cambio de la miserable cantidad de cinco millones de pesetas de fianza. ¿O, tal vez, ha sido más?


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