El cachondeo en el que se ha convertido el trasiego de salida de las cárceles catalanas -que ayer ya se cobró una dimisión- invita a una reflexión acerca de conceptos tan distintos como la competencia, por un lado, y las competencias, por otro. Ahora que estamos revisando día sí, día no, la Constitución con el objeto de convertirla en mucho más cómoda para los objetivos pseudo-independentistas (o directamente independentistas) de un siete por ciento de los españoles, convendría echar una pensada, no sobre las muchas competencias que desarrollan determinadas autonomías, sino sobre el nivel de incompetencia que muchos de sus gestores demuestran día a día.

En Cataluña se han fugado, en lo que va de año, 188 presos, lo que supone el 50 por ciento de aquellos que lo han intentado. Recordemos que la competencia sobre prisiones corresponde a la Administración autonómica, es decir, al eternamente airado Gobierno del señor Pujol, el cual parece consumir su tiempo político en dolerse de su falta de libertad de gestión, de la imposibilidad de quedarse con todo su dinero y de que tenga que estar al lado de murcianos y extremeños. La incompetencia de su Gobierno en esta materia (como en algunas otras) no es motivo de discusión, ni siquiera de dolor: no pasa nada. Al Gobierno de Pujol se le escapan los presos y le telefonean para decirle que no les esperen, que se van a Nueva York, e, insisto, no pasa nada. Los presos pueden desternillarse de risa en la calle y nadie en esa magnífica ciénaga dorada que es la política catalana pone el grito en el cielo. «Estamos en ello», es lo único que dicen los responsables. Ya que no pueden reclamar más competencias sobre la materia porque no las hay, sólo les queda culpar al Gobierno central del grado de incompetencia que demuestran sus «responsables» o culpar a esa Constitución que les permite, entre otras cosas, ser unos inútiles. Algo parecido ocurre con el Gobierno de Andalucía: goza de un alto nivel competencial, pero en cuanto algo sale mal en la región (y salen mal muchas cosas) la maniobra consiste en echarle las culpas a Madrid.

Veintitrés años de Estado de las autonomías aún no han servido para que los ciudadanos sean capaces de ver a un incompetente a dos palmos de sus narices. Si cambiar la Constitución sirviese para que los indígenas pidieran cuentas a su gobernantes más inmediatos, yo era, desde luego, el primero en firmarlo. ¡Cuánto inútil hay suelto, Señor!