La tragedia andaluza hay que adjudicársela al régimen socialista
LA diferencia entre lo que sugiere el informe filtrado de la UDEF y lo que reconoce la Junta de Andalucía (acerca del supuesto fraude en el manejo de subvenciones a diversas empresas para cursos de formación) puede cifrarse en mil novecientos ochenta y cinco millones de euros. Lo que va de dos mil a solo quince. Resulta demasiado arriesgado lanzarse a la piscina ante abismo tan brutal. De ser cierto el par de miles, aunque fuera solo por aproximación, supondría estar frente a un escándalo de proporciones prácticamente cósmicas que evidenciaría un permanente saqueo, indecente y sangrante, del dinero público destinado a convertir trabajadores eventuales en fijos o indefinidos. Se antoja desproporcionado, cierto, pero desgraciadamente verosímil si atendemos al proceso clientelista y manirroto del poder público andaluz, pero mejor será atender prudentemente a las diversas investigaciones antes que a reacciones excesivamente temperamentales, las de quienes están dispuestos a creerse cualquier fantasía o la de quienes ven conspiraciones en cada metro cuadrado.
La Junta ha reaccionado con irritación (sorprendente en el caso del siempre moderado y sensato consejero Luciano Alonso) acusando al Ministerio del Interior de atacar de forma inmisericorde la imagen y dignidad de los andaluces, cuando más aconsejable hubiera sido el anuncio de la apertura de una profunda investigación que estableciera los límites exactos del fraude. Todo antes que envolverse en banderas de fingida y sobreactuada indignación.
Desgraciadamente, se les atribuye a los andaluces en conjunto un comportamiento colectivo que resulta indebidamente injusto. No son los moradores de esta tierra un hatajo de vagos y maleantes subvencionados abandonados a la indolencia inoperante e improductiva. En Andalucía se vive, para desgracia de quienes pertenecemos a ella, una serie de procesos repetidos y constantes, con un denominador común del que parece imposible deshacerse: el saqueo del clientelismo. Casos como Invercaria, los ERE falsos, las facturas falsas de los sindicatos y este asunto en ciernes de malversación de fondos europeos son vicios nacidos del frívolo desprecio del poder por la honra en los procesos. Todo ello es lo que ha sumido a la región en cifras escandalosas de ineficacia.
El poder absoluto como absoluta desgracia, en el que se reparten prebendas millonarias a círculos de estricta confianza, sean empresariales, sindicales o de medios de comunicación afines. Ahí es donde hay que buscar las explicaciones de ese 36 por ciento de paro que adorna el mercado laboral. Conviene olvidarse de privilegios de otras regiones, de deudas históricas o de supuestos abandonos existenciales de los trabajadores andaluces: la tragedia andaluza hay que adjudicársela al régimen socialista y a su práctica ineficaz y desahogada de los fondos públicos.
Hay que reprochárselo a quienes han gestionado irresponsablemente el carrusel de ayudas y fondos europeos llovidos sobre la región en estos últimos veinte años. Hay que atribuirlo al cortijo en el que se ha priorizado permanentemente a los propios en detrimento del interés general.
Puede argumentar la Junta lo que considere oportuno en defensa de su ejecutoria, pero no puede afirmar alegremente que todo este asunto es un atropello a los andaluces. La única responsabilidad que puede atribuírseles a estos es, en cualquier caso, su pertinaz tradición en el voto a quienes protagonizan su adversidad colectiva. No es poco, evidentemente, pero no es su comportamiento colectivo como masa de trabajadores la fuente de sus desgracias laborales. El atropello viene desde casa. Es el fuego amigo, no el enemigo.
Esta ha sido una semana de desmontaje del periodo feliz de Susana Díaz. La confianza puesta en sus primeros pasos no debe disolverse en ausencia de gestos enérgicos. Entre corralas y denuncia de antiguos fraudes se puede venir abajo su primer e interesante ímpetu político, ese que tanto ha llamado la atención en la España política. La regeneración no debe entender de posturas airadas y ofendidas. Debe empezar por un replanteamiento quirúrgico para evitar saqueos indecentes.
