La norma deja ronchas y tampoco recauda el dinero pertinente para que a la lechera le salga bien el cuento
ES una subida de impuestos. No le den más vueltas. El Gobierno cree que mediante estas medidas es como se contiene el déficit. Puede haber espíritu reformista del acceso a la justicia o plan de acceso gratuito a la misma o estrategia disuasoria a la masa litigante, pero el objeto es recaudar más y, a la par, gastar menos. Economía cree que después de lograr rebajar el déficit hasta el 6,3%, el resto de objetivos fijados por el gobierno se sucederá de forma secuencial; es decir, se transmitirá un mensaje de eficacia que se transformará en mayor confianza financiera y rebajará los intereses que pagamos a quien nos deja dinero, lo cual, unido a la recapitalización bancaria, permitirá que fluya el crédito, se cree trabajo y, consecuentemente, se active el consumo. La oposición, observadores internacionales y el propio Banco de España recelan de tal silogismo económico, y objetan que los cuentos de la lechera acaban siempre con el cántaro roto y la leche derramada, pero lo cierto es que los gobiernos son los únicos que pueden disponer de instrumentos para torcerle la mano a los pronósticos agoreros y transformar los deseos en realidad. Digamos que no es habitual que lo consigan, pero tampoco es imposible: no siempre se rompe el cántaro.
Con esta medida de aumento de tasas judiciales se espera doblar la recaudación anterior -de 170 a 300 millones de euros- y se confía en disuadir a muchos litigantes empecinados que obturan los juzgados y enlentecen la administración de justicia. Pero en el intento, el gobierno se queda sólo. Ni jueces -de todas las asociaciones-, ni abogados, ni procuradores, ni secretarios judiciales, ni personal administrativo, están a favor de la subida con el sencillo argumento de que discrimina a los ciudadanos en función de su poder adquisitivo. Probablemente no sea tan sencillo, pero cierto parece que algo así puede ocurrir. El camino civil o contencioso administrativo deberá ser franqueado mediante más dinero, los abogados trabajarán menos, los procuradores creen que serán más cuestionados de lo que ya son y no pocos individuos calcularán como no rentable determinadas reclamaciones contra la propia Administración. La Justicia no es gratis, pero se trata, al menos, de que no sea inaccesible.
El gobierno Rajoy se defiende argumentando que los casos afectados por esta subida suponen menos del 30% de los que acuden a los tribunales, ya que el 70% restante está exento de tasas, y que se amplía el número de personas que quedaría excusada del pago. También argumenta que en los países de nuestro entorno se suceden cífras semejantes y que cualquier recurso al Constitucional -como en el caso de Francia- se ha resuelto a favor del alza. La vía penal queda exenta, como ya se sabe.
Es un rasguño más. Es otro colectivo al que irritar. Es otro rincón en el que levantar el polvo. Es otro casino en el que soltar los perros. Y no es un grupo fácilmente narcotizable. Se trata de los gestores de la Justicia en España, de todos los jueces y de todos los abogados. Estos últimos tienen la sensación de que se les acusa de instigar a sus clientes a litigar por litigar con el único fin de obtener pingües beneficios de ello, lo cual puede considerarse un exceso de suspicacia, pero también un argumento contemplable.
Si se viesen respaldados los derechos de acceso a la justicia de los ciudadanos que litigan porque no tienen más remedio y se despejasen de los canales judiciales todos los casos que los atascan infructuosamente, el gobierno podría ponerse cuantas medallas quisiera, pero mucho me temo que la ecuación no es tan sencilla. La norma deja ronchas y tampoco recauda el dinero pertinente para que a la lechera le salga bien el cuento.
