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11 de febrero de 2011

Ese ERE y olé


¿Puede producirse este desfalco grosero sin que esté al cabo de ello alguna autoridad que ocupe algo más que una Dirección General?

ES un escándalo de los que sí da dolor de cabeza a quien lo protagoniza, a quien lo consiente, a quien convive con él, a quien no lo evita, a quien no lo denuncia o a quien, en suponiéndolo, mira para otro lado. El fraude de los falsos ERE´s de Andalucía destapado a raíz del caso Mercasevilla habla de la perversión de un régimen más arrogante, impune y descarado de lo contemplable, que no se para en barras convencido de la omnipotencia de su poder y que no tiene reparos en establecer mecanismos de robo en el convencimiento de que su fuerza es tanta que nunca habrá de tener ningún tipo de consecuencias. Que en la región en la que el paro tiene fuera de combate a cerca de un millón cien mil personas se establezca una red de engaño y mangancia mediante la cual se distraiga una suculenta cantidad de dinero del fondo destinado a solucionar la continuidad de empresas con problemas —con destino aún ignoto—, es un doloroso escarnio y un ejemplo de hasta donde puede llegar la falta de escrúpulos de un número de sujetos aún por determinar. 

En la Andalucía del «Nunca Pasa Nada» se desoyeron más de tres avisos de la Intervención General en la que ponía reparos sobre la gestión de fondos opacos, ajenos a fiscalización, destinados a la financiación de expedientes de regulación de empleo de varias empresas con problemas. Nadie quiso preocuparse por el manejo de cerca de setecientos millones de euros de los que se sabe, por ahora y entre otras cosas, que han servido para incluir en diversos listados de prejubilación a 37 personas que jamás han trabajado en dichas empresas. Alguno de ellos socialistas de diverso ejercicio. La pregunta que se hace ahora cualquier inquieto y perplejo espectador de este nuevo pasaje de corrupción es dónde ha ido a parar ese dinero que, en algunos casos, ni siquiera han visto los trabajadores incluidos —con su conocimiento o no— en los falsos expedientes. La que se hace inmediatamente después es aún más inquietante: ¿cuánta gente lo sabía y qué grado alcanzaban en la Administración andaluza? Ítem más: ¿Puede producirse este desfalco grosero y sinvergüenza sin que esté al cabo de ello alguna autoridad competente que ocupe algo más que una Dirección General? 

Con asuntos como el que concierne es lícito que el contribuyente, el pagano, el sufridor administrado, albergue el convencimiento de que en la red de la gestión pública proliferan los mangantes y los corruptos en una proporción bastante mayor a la asumible. Mercasevilla, el caso que va desprendiendo delitos uno detrás de otro, ha significado un antes y un después: desde que un empresario aportara una grabación en la que el gerente de dicha empresa pública exigía cerca de medio millón de euros a cambio de la concesión y subvención de una escuela de hostelería, se ha abierto un filón de irregularidades que apunta a una posible financiación paralela del partido eternizado en el poder. Ahora todo son aspavientos en la Junta de Andalucía —en la que es obvio decir que mora mucha gente honrada y mucho servidor público impoluto, etcétera—, y prolifera la sobreactuación de varios de sus voceros, pero lo cierto es que ese despertar a la investigación y a la depuración es excesivamente brusco como para ser del todo convincente y se produce, conviene no olvidarlo, como consecuencia de la investigación de la juez Mercedes Alaya, no como un prurito fiscalizador surgido de los propios mecanismos de control de la Junta. 

La más elemental de las higienes democráticas invita a exigir responsabilidades políticas: un caso así no se solventa echándole la culpa a «cuatro golfos» que se aprovecharon de la bondad ilusa de sus inmediatos superiores. Sigan atentos a la pantalla.

La consejera de Presidencia, Mar Moreno, durante la rueda de prensa en Sevilla

 


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Comentarios 2

15/02/2011 17:26:59 Quiero orden!
13/02/2011 21:47:20 juanini
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ABC Sevilla - El Gobierno andaluz admite un fraude generalizado en la tramitación de los ERE

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