Mucho se ha escrito y hablado acerca de la sentencia que impone a Isabel Pantoja la pena de dos años de cárcel y el pago de una cuantiosa multa por considerársela culpable de un delito de blanqueo de capitales. Parece que no haya habido otra cosa en España, ciertamente, y a buen seguro colaboro yo también en crear esa sensación al escribir este artículo, pero pocas resoluciones judiciales han despertado tanta atención e interés; si acaso, la imputación de la infanta Cristina, pero poco más. De la sentencia como tal poco puede decirse, a no ser que uno quiera meterse en camisa de once varas, que es lo que suele ocurrir cuando se analizan decisiones judiciales: sí que parece que el tribunal no ha querido que entrara en la cárcel y la ha dejado al límite ese en el que no es necesario ingresar entre rejas. Si desde que escribo estas líneas hasta que se publiquen [pasan unos cuantos días] no se produce alguna novedad, quedará como punto final el arrebato de la chusma ante su salida de los juzgados, los insultos, los tirones de pelo, los desmayos, los improperios y la presión periodística para obtener la foto del día o cualquier tipo de testimonio. Pero hay más.
El juez puede ordenar su ingreso en prisión al igual que ha ocurrido en el caso Pallerols, en el que los condenados después de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía han acabado en la cárcel a pesar de ser su condena inferior a los dos años. Justicia ejemplarizante o algo así. De no ser así y parece que no lo va a ser, amplios sectores de la población deseosos de ver encarcelada a la artista sevillana van a elevar la voz presuponiendo un trato de favor. Y puede pasar algo peor: al tener antecedentes, una simple infracción relacionada con el tráfico puede llevarla a prisión. Si mañana es sorprendida en un control conduciendo con un grado alcohólico superior al permitido, la Pantoja pasaría un tiempo en la sombra. Deberá cuidar mucho sus pasos, cosa que ya sabrá, al ser alguien condenado por un delito tipificado en nuestro código. Hay ejemplos anteriores. Ya relaté debidamente el caso de J. M. H., que hoy me permito recordar.
Hombre de unos cuarenta años, padre de familia, trabajador ejemplar y de carácter abierto, tuvo la mala fortuna de ser un empleado de los chiringuitos laborales del empresario Ruiz Mateos. Se le consideró colaborador de un delito de alzamiento de bienes. Simplemente había firmado alegremente un papel que le puso el empresario por delante con el argumento de que era un formalismo empresarial de una de sus marcas. J. M. H. fue culpado y condenado a dos años por el juez Miguel Hidalgo de la Audiencia Provincial de Madrid, el célebre juez (antiguo policía) que obtuvo marcado protagonismo por el caso de los policías de José Bono.
J. M. H. tuvo la mala fortuna de dar positivo en un control de la Guardia Civil por apenas unas centésimas a cuenta de un par de cervezas de una tarde de verano. Al tener antecedentes, el juez Hidalgo se esmeró y empecinó en encarcelarle pocos días antes de Navidad desatendiendo un indulto que se le estaba tramitando y que, finalmente, le devolvió a la calle no sin antes haber pasado unos meses rodeado de criminales. Fue llamativa la obcecación del togado por llevarle a prisión. Aún se recuerda como desoyó todo tipo de argumentaciones de los abogados y del resto de compañeros de la Audiencia. Tenía sed de justicia, por lo visto.
Quiero decir que todo este carajal del caso Malaya y sus diferentes piezas puede cobrarse más trofeos si alguno comete un desliz. Para estupefaciente regocijo de unos cuantos, añado. Yo aconsejaría a Isabel Pantoja que anduviera en transporte público o que contrate a un conductor, que las multas, por lo que se ve, las carga el diablo.
