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10 de octubre de 2014

El caso Brugué


Su coherencia final le ha permitido descubrir cuál es el monstruo que ha generado el nacionalismo catalán.

Los disidentes de la verdad única ya saben a lo que se arriesgan. Al repudio. En Cataluña, en la Cataluña política, que es casi toda, ser dubitativo tiene un precio: el del rechazo de las brigadas rápidas, de los profesionales de la escaramuza instantánea, de todo ese ejército de guerrilleros de pacotilla que inundan redes y medios. Le ha ocurrido a Joaquim Brugué, miembro de ese fantasmal Comité Electoral que se sacó de la manga el Gobierno de la Generalidad: poco después de su constitución, la legislación española avalada por el TC invalidó toda iniciativa normativa tendente a apuntalar el referéndum prohibido del 9 de noviembre. Esa especie de Junta Electoral de juguete fue declarada absurda por la realidad legal que impera en Cataluña, guste más o menos a las autoridades locales, y toda su actividad fue deslocalizada, que es una forma fina de decir que fue declarada ilegal.

Alguno de los miembros de tal comisión –ninguno nombrado contra su voluntad– expresó una cierta duda acerca de la utilidad de la misma una vez el TC desautorizaba su propia existencia, lo cual supuso contrariedad mal disimulada en los impulsores de la misma. Nadie imaginaba que uno de sus miembros expresara con aplastante sensatez que no tenía sentido seguir en un proceso que no pasaba de ser un sucedáneo de referéndum, entre otras razones porque la logística tiene un límite en el calendario y ya no da tiempo a nada. Si uno quiere preguntar a la ciudadanía con todas las garantías democráticas ha de disponer de urnas, papeletas y vigilantes de ambas, es decir, policías autonómicos que custodien el aparataje desde varios días antes, cosa que no se da, ya que ni saben dónde iban a colocar las cajas de cartón que habían confeccionado pacientemente algunos presos de la cárcel de Lérida.

Por demás, señala Brugué con una lógica aplastante que no ofrece ningún tipo de garantías que la campaña de aquellos que están en contra de la independencia, o del mismo referéndum, no tenga la mínima visibilidad ni oportunidad normativa de aparecer en los medios públicos catalanes. Sencillamente, el criterio contrario al referéndum o a la independencia no existe de forma oficial, de la misma forma que expresar lo que se piensa en ambientes adversos a la verdad única resulta casi una heroicidad.

Brugué se ha labrado una bonita lápida social en Cataluña. Propuesto por Iniciativa Los Verdes –que juegan a no saber lo que son y a ser un poco todo a la vez–, el catedrático de Políticas ha escenificado un inusitado arrebato de sensatez y decencia gestual que resulta altamente impopular en la Cataluña de hogaño. Consecuencia de ello le llaman «traidor» por los pasillos de su Facultad y le inundan el correo electrónico y su cuenta de Twitter con todo tipo de insultos. Todo energúmeno con licencia se siente en su derecho de maltratar su nombre y de castigarle con los calificativos más sangrantes. Nada especial para los que siempre se han manifestado en contra de la sinrazón nacionalista catalana, pero muy lacerante con los que se consideran propios, hijos de la misma causa, sangre de la misma sangre.

Posiblemente Brugué esté maldiciendo el momento en el que decidió sumarse a este aquelarre de despropósitos. Su coherencia final le ha permitido descubrir cuál es el monstruo que ha generado el nacionalismo catalán y las pocas escapatorias que tiene su argumentario en un ambiente envilecido y canalla. La pluralidad y esas mariconadas han quedado para debates de casino exquisito, si acaso. Aun así, conviene que los «Brugués» catalanes, por muy independentistas que sean, no piensen que lo mejor tal vez sea largarse y no discutir: el gran favor que pueden hacerle a la sensatez es continuar en sus puestos. Por incómodo que sea.


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