Se va a dar el caso de una Administración que multe a alguien por no encontrar compradores
ESE perfume, ese rumor de palmeras que se adivina tras los gestos, los guiños, los mohines de la Junta de Andalucía. Ese aire de justicia social, ese color de tierra comprometida, ese runrún del motor del progreso que cuando suena parece un canto surgido de los bohíos, una destilación perfecta del grito de guerra de los nuevos progresistas del mundo: ¡Exprópiese! Ay mi Junta, ¡cómo podía yo pensar que iba a decepcionarnos a nosotros, sus seguidores!
En una actitud lógica al peso y condición de IU en la formación de un gobierno de perdedores que se han llevado odiando toda la vida -Griñán detesta tanto a los comunistas como Felipe… o como Aznar-, el Ejecutivo andaluz anuncia un plan «lleno de buenas intenciones» mediante el cual retrasar o enfriar el grave problema de los desahucios a gente con riesgo social y lo hace mediante dos medidas distintas en forma y fondo. Si la Junta consigue que los bancos retrasen tres años la resolución de un conflicto por falta de pago en compromisos hipotecarios y que eso no le suponga deterioro a nadie, seré el primero en aplaudir. De hecho, ya lo hago; pero me hago la pregunta más trascendente de los últimos decenios europeos: ¿quién lo paga? No parece claro, pero no hay que maliciarse demasiado para concluir que la respuesta es «entre todos». Esa es una primera parte de laborioso encaje legal, la expropiación del uso de una vivienda, pero no está tan lejana de los fines de alguna de las iniciativas del Gobierno central, que también garantizan que determinadas familias o personas deben estar protegidas al menos mientras diluvia como lo está haciendo. El problema reside en la segunda parte, cuando la facción más comunista del gobierno impone -y la socialista acepta- que se multe y se amenace con expropiación a quienes tengan viviendas, en promociones o en stock, sin vender y sin dedicarlas al alquiler. Por varias razones, a saber: uno vende cuando puede, no cuando quiere, y obligar a alguien a alquilar comporta imponerle también un precio del alquiler. Es decir: intervención, inseguridad, confiscación. Aroma bolivariano.
Se va a dar el asombroso caso de una Administración que multe a alguien por no encontrar compradores. Si un promotor tiene una colonia de adosados a las afueras de cualquier ciudad media y no ha conseguido que los clientes obtengan financiación de los bancos para comprar su vivienda, será multado por la Junta. Y si alguien forzado a alquilar lo hace con un precio inasumible para que nadie ocupe sus viviendas podrá darse el caso de que la misma Administración le reconvenga por ello y le obligue a unos precios «razonables». Es decir, será la consejera de turno la que publicará los precios de los alquileres. Más aroma. Entretanto, ni esa consejera fogosamente partidaria de los acosos, los acorralamientos, las persecuciones y los insultos ni ningún otro responsable de la Junta dicen nada a cuenta de las miles de viviendas públicas desocupadas. Por no dar, no da explicaciones del tiempo en que era consejera de CajaSur, a razón de 300 euros por consejo rápido, y aprobaba uno tras otro todos los expedientes de deshaucio que fueran necesarios. ¡Ay el aroma!
Parece probable que haya sido la parte socialista del gobierno la que ha bloqueado la primera intención de la parte comunista de multar también a particulares con alguna vivienda vacía, más allá de la de la playa. Ambas, en cualquier caso, deberán esforzarse para que lo decidido en ese consejo de gobierno no se quede en el bluff habitual de tantas medidas anunciadas por la Junta, desde el Internet gratis para todos a la cama única en los hospitales, pasando por el anterior plan de la vivienda o las vacaciones pagadas a las amas de casa.
Que también es cosa bolivariana tronar mucho y luego soplar poco.
