Aquí paz y allá gloria, los niños a seguir estudiando en catalán y los padres renuentes, que son muchos, a resignarse
SUENA un tanto sobreactuado. En España jugar con el concepto terrorista es materia muy delicada. Eso debería saberlo hasta un primate como Joan Tardá, el diputado de ERC que acusó al ministro Wert de practicarlo en su versión social, que a todo esto no sé muy bien qué es, pero que me imagino que hace referencia a la repercusión en la sociedad de medidas políticas supuestamente violentas. Pedir que un individuo como Tardá maneje serenamente el lenguaje político es como pedirle a un orangután que toque el violín de forma emocionalmente inteligible, pero no debería estar de más que alguien cercano al orate le advirtiese que han muerto demasiadas personas en nuestro país -varias de ellas en Cataluña- víctimas del verdadero terrorismo nacionalista vasco, y que calificar como terrorista a un ministro que ha planteado un borrador de ley peculiarmente conflictivo, a decir del arco parlamentario catalán, es un eructo emitido en medio de una comida campera. No es que vaya a servir de mucho ya que el borrico sigue borrico aunque se le enseñe inglés, pero al menos distingue a unos de otros.
Pero vayamos a lo categórico y dejémonos de bobos con rizos: Wert va a tener que negociar algo que en ningún caso le va a ser aceptado si supone, en cualquier proporción, variar el equilibrio lingüístico en las escuelas catalanas. Que es un equilibrio, por cierto, inexistente. Se ponga como se ponga, una barrera natural de características épicas va a considerar este asunto poco menos que como una declaración de guerra civil. Es una demasía, pero es así; con lo cual al gobierno le quedan dos soluciones, envainarse la propuesta en la parte que hace referencia a la enseñanza en castellano en Cataluña o embestir por las bravas y actuar de oficio. Algo me dice que no están los tiempos para lo segundo, con lo que habrá que buscar una manera digna de escenificar lo primero. Si las negociaciones entre las partes llevan a un disimulo por el lado del gobierno central y al ya citado envaine de la espada, la cosa quedará como una falsa y tensa calma en la que ambos bandos se mirarán de reojo, y en el caso catalán, durante años. Nada dura más en la vida política que el resentimiento de un nacionalista, con lo que el episodio en cuestión pasará a formar parte del memorial de agravios en el que han quedado archivados asuntos como, entre otros, el de Banca Catalana. Aquí paz y allá gloria, los niños a seguir estudiando en catalán y los padres renuentes, que no son muchos, ciertamente, a resignarse.
Sorprende el escalón argumental que se aprecia en el Principado entre la realidad social y la forma de interpretarla políticamente. Mientras en la calle la existencia de ambas lenguas -troncalmente hermanadas y, por lo tanto, muy similares entre sí- es un razonable ejemplo de convivencia, en la esfera administrativa se considera una agresión de lesa humanidad legislar en favor de cierto uso del castellano en las escuelas públicas. Da la impresión como si el legislador hubiera querido borrar del mapa el idioma catalán, cosa que no consiguió el franquismo ni por asomo.
El cierre de filas es tan absoluto que invita a pensar que debe de haber otro sistema más eficaz que las reformas normativas. El problema es saber cuál o decidir consensuadamente si realmente es preciso variar el marco en el que se inscribe el equilibrio idiomático en la escuela catalana, esa a la que ninguno de los jerifaltes del lugar envía a sus hijos a educarse e instruirse. De tanto descafeinar y readaptar los borradores -que, entre otras cosas, para eso son borradores- va a quedarse en nada el intento, con lo que lo mejor será insistir en otros apartados y dejar de alimentar a teatreros de segunda. Y evitar que te llamen terrorista.
