Lo que han de decidir los jueces es si había una trama de la Junta de Andalucía para desviar dinero con destino a los amigos del PSOE
TANTO uno como otro son personas honorables. Decirlo una y otra vez, me consta, acaba creando una determinada fatiga conceptual y devalúa el intento de exculpar el componente personal del caso que nos ocupa. Da la impresión de que siempre que se escribe o se teoriza sobre el caso de los ERE falsos haya que incluir forzosamente la consideración previa acerca de la calidad humana de los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía. A mí no me duelen prendas, aunque con ello me gane no pocas invectivas. Este columnista se declarará siempre cercano humanamente a ambos: he trabajado muchos años en su proximidad y no tengo un ápice de resquemor a la hora de calificarlos como seres humanos con los que el entendimiento político y afable es posible. Forman parte de esa partida de gente que nunca se quedarían con algo de usted. De hecho no se han quedado con nada. Son razonablemente austeros, aplicados servidores públicos y muy poco dados a la chulería institucional. No se me ocurren palabras más precisas para definirles. Evidentemente ahora viene la adversativa, que es inevitable.
Cuando uno entra en la función público-política sabe que se arriesga a que el desmán de su administración le será adjudicado antes o después. La obligación del administrador es enterarse de lo que pasa con sus administrados y con sus administradores intermedios. Si bajo tus pies se produce un corrimiento de tierras, tú serás responsable de no haberlo intervenido y de no haber sido lo suficientemente diligente para fulminar a los responsables. Una administración de un par de cientos de miles de funcionarios depara sorpresas imprevisibles, pero obliga, a pesar de su dimensión, a que sepas lo que ocurre; tú nombras a gente para desempeño de los cargos, con lo que es preceptivo preguntarte si sabías lo que estaba ocurriendo. ¿No lo sabías?: pues lo deberías de haber sabido. Ese es el pecado.
El juicio en cuestión, que esconde años de instrucción e investigación, es una suerte de juicio político que queda agazapado detrás de un complicadísimo juicio técnico del que a cualquiera se nos escapan los entresijos que lo componen. Planea tan solo una consideración general: cómo la soberbia creencia de ser inexpugnables y todopoderosos llevaba a los administradores a considerarse absolutamente suficientes para realizar cualquier operación fuera de los canales legales establecidos, tal vez no en beneficio propio pero sí en beneficio de aquellos a los que el poder político andaluz consideraba merecedores de alguna regalía. El Cortijo como síntoma. Andalucía como campo de operaciones del paternalismo socialista supuestamente bien intencionado.
A pesar de los 800 millones de euros desviados de su misión fundamental (ayudar a empresas a prescindir de trabajadores para poder sobrevivir y a esos trabajadores a no quedarse sin nada que llevarse a la boca), el caso de los ERE falsos debe ser dilucidado en una cuestión diabólicamente enrevesada: distinguir entre responsabilidades políticas y penales. Lo que han de decidir los jueces es si había una trama de la Junta de Andalucía para desviar dinero con destino a los amigos del PSOE o no. Parece sencillo y sin embargo no lo es. Pero añado que el caso que ocupa a Chaves y Griñán no es el del 3%. Ni Chaves ni Griñán son Pujol y su familia, que han robado en beneficio propio, que han defraudado a Hacienda, que han ocultado cuentas en paraísos varios, que han sangrado a los beneficiarios de adjudicaciones de obras en todo tipo de administraciones, que se han comportado deslealmente con el Estado y que han alentado atentados a la legalidad constitucional. Si hasta en ese caso palmario habrá que esperar a una sentencia judicial, cuánto más en el que ocupa este artículo. Aunque solo sea para saber si son culpables o responsables.
