La ley es inobjetable cuando está confeccionada por legisladores elegidos libremente y resulta aplicada bajo la estricta vigilancia de poderes equilibrados. Véase España, por ejemplo. Un individuo tiene, en cambio, licencia moral para ignorarla en aquellas sociedades totalitarias en las cuales la ley es un mero instrumento de represión. Véase Cuba, sin ir más lejos. Del segundo escenario no hablemos hoy, pero del primero convengamos que resulta indebido ignorar la ley y debe ser penado consecuentemente ese acto de irresponsabilidad, sea esquivar impuestos o sea fumar en lugares prohibidos. O sea convocar congresos por parte de asociaciones prohibidas o deslegalizadas y declaradas como terroristas. Sencillamente, la ley no lo permite. El anuncio de Batasuna convocando a sus seguidores a la celebración de un encuentro orgánico en Baracaldo es, por sí mismo, un desafío a la ley y, en consecuencia, el Estado debe actuar con toda su contundencia para evitar cualquier escarnio. Supongo que en eso estamos todos de acuerdo. Pero, en cambio, a siete días del hecho anunciado, sólo un juez con arrestos -Grande Marlaska- ha mostrado inquietud profesional y ha excitado su celo reclamando la documentación que le permita declarar fuera de la ley dicha convocatoria. Los demás miran al tendido.
Cándido Conde Pumpido, fiscal general del Estado, se ha limitado a nombrar no sé qué general de la ley -«El fiscal vela por que todo esté dentro de la ley»- y se ha puesto a silbar inmediatamente, como teniendo miedo de meter la pata y fastidiarle los planes al presidente. El PSE, ilusionado con la posibilidad de pactar algún día con Batasuna y sustituir al PNV en el trono perpetuo de la política vasca, considera que oponerse a ese congreso de terroristas es «obstaculizar el proceso de paz». El máximo responsable del Gobierno central -y perdón por lo de responsable- se ha encogido de hombros y ha derivado la responsabilidad al ámbito del Gobierno vasco, el cual ni se ha inmutado con la pelota recibida y simplemente se ha dedicado a reflejar «el ánimo de la sociedad vasca por encontrar la paz». El desafío, entretanto, continúa su curso.
El grotesco espectáculo que supone que el brazo supuestamente político de una organización terrorista celebre un congreso como el que celebran los hematólogos en Torremolinos pasma a una Europa que incluyó por fin en sus listas a dichos sujetos después de no pocos tira y afloja: nadie en su sano juicio puede entender que todos miren hacia otra parte y que, además, Batasuna actúe como si fuera legal, con toda normalidad administrativa. Han olisqueado la debilidad del Estado de Derecho, la cobardía de alguno de sus miembros y la complicidad de un buen puñado de ambiciosos sin escrúpulos: el anagrama del cartel de convocatoria es el hacha y la serpiente, el gran símbolo de ETA, y eso no basta para que se despierten las mínimas iras exigibles de aquellos que han visto morir a no pocos compañeros de partido a manos de los socios de los convocantes. El descaro con el que la organización terrorista convoca actos, realiza declaraciones, acude a entrevistas con el resto de partidos políticos y, finalmente, organiza macroencuentros sólo puede entenderse desde el abandono de la decencia por parte de quienes tienen la obligación de vigilar el cumplimiento de las leyes. Ante este hecho absolutamente obsceno, sólo cabe concluir que el Gobierno de España ha dado su consentimiento tácito al objeto de no estorbar sus proyectos políticos: cuando las burras del PCTV accedieron al Parlamento vasco, el fiscal general no se opuso y su proceder de ahora se asemeja enormemente al toreo perfilero exhibido en aquel momento. Entonces supusimos lo que ahora ya confirmamos. Mientras no demuestren lo contrario, podemos estar ante un hatajo de cobardes. O, quizá, ante algo peor.