No se acaba de entender. O sí. El Gobierno campeón del talante y la transparencia -tanta transparencia que se le ven hasta las vergüenzas- estima que es urgente, muy urgente, tramitar la ley de televisiones digitales y fomento -qué risa, que me troncho- del pluralismo.

Visión beatífica: la sociedad precisa un nuevo ordenamiento televisivo que le permita acceder a las nuevas tecnologías y bla, bla, bla. Visión malvada: cuanto antes se tramite ese ladrillo menos tiempo se estará hablando de él y, por lo tanto, antes saldremos de esta situación embarazosa en la que hemos entrado para hacerle un favor al amigo de siempre... que menuda leña está dando toda esta chusma de Onda Cero, el ABC, la COPE, «El Mundo» y otras hierbas. Sea San Antón o la Purísima, el caso estriba en la falta de complejos de un gobierno autopublicitado como la reencarnación en humano de «La casa de la pradera», donde todo era bondad extrema, trabajo duro y sano patriotismo.

No se entiende que se modele una ley en contra de todo el sector audiovisual y a favor, tan sólo, de un grupo fácilmente reconocible al que habitualmente se ha tratado con una deferencia excepcional. No se entiende.

Hay que tenerla muy dura y estar muy insuflado de autosuficiencia para arriesgarse a elaborar una norma que solivianta el sentido común más elemental y que predispone al sector en contra del Gobierno. Si Rodríguez es, de por sí, complicadito, con este arañazo a los equilibrios empresariales del complejo mundo de la comunicación no hace sino irse desprendiendo de esas capas de corderito que disimulan su verdadera faz.

Ni diálogo, ni talante, ni transparencia, ni nada de nada: lo mismo de siempre o aún peor. Y por el trámite de urgencia: ¿creen, de verdad, que éste es un asunto que merece el calificativo de urgente? Urgente debe ser una ley o una norma que solvente las listas de espera en los hospitales, o que provea de instalaciones y recursos generales a las escuelas, o que arregle el agujero negro de la radiotelevisión pública -que era, por cierto, lo primero que proclamaron querer arreglar-, o que suministre mejores condiciones de vida a los agentes de la Guardia Civil. Todo eso es urgente. Lo de arreglarle la cosa al «poder fáctico fácilmente reconocible» no es urgente.

Si el Gobierno piensa que la sentencia del Supremo según la cual Unión Radio debe disgregar sus emisoras es injusta, puede recurrir perfectamente a una instancia superior, que la hay. Si no, debe hacer lo que no se atrevió a hacer el Gobierno anterior: aplicarla. Lo que no resulta edificante ni higiénico es crear una ley a trompicones para «solventarle» la papeleta a sus amigos, de paso que se le otorgan un par de canales analógicos meses antes de que lo analógico empiece a fenecer.

No se entiende -o sí- que aquéllos que se han llenado la boca hasta la náusea de diálogo ni siquiera hayan tenido en cuenta una sola de las sugerencias de los operadores de radio y televisión que no sean aquéllos a los que van a beneficiar.

No se entiende -o sí- que los muñidores de esta sinvergonzonería manejen impunemente el argumento del «pluralismo» para justificar la cimentación de esa concentración de emisoras y nos tomen, directamente, por idiotas a todos.

No se entiende -o sí- la referencia de algún ministro a la nacionalidad de algunos consejeros delegados de las empresas que han emitido un comunicado severo en contra de las pretensiones del Gobierno.

No se entiende -o sí- que el grupo afecto diga que ya ha cumplido la sentencia cuando fue el propio presidente del Gobierno el que anunciara el deseo de «solventar» la difícil aplicación de la misma a través de esta ley.

No se entiende