LLEVA razón quien sostiene que las dichosas «agencias» que califican la deuda nos son, precisamente, un ejemplo vaticinando crisis. También la lleva quien señala que sólo una de las tres principales ha rebajado la calificación al Reino de España. Item más quien asegura que pasar de AAA a AA, o sea, perder una A, no significa convertirse en un paria tipo Somalia. Ni siquiera en un país en bancarrota al modo de Grecia, que si no lo está, le faltan dos pinceladas. Lleva razón quien aglutina éstos y otros argumentos y asegura que no es para tanto, que no hay que sentirse carne de debacle ni sujeto de ruina. Pero quien argumenta sólo eso no argumenta toda la verdad. Frente a la visión gubernamental de que «
Aquí No Pasa Nada Grave», otras voces razonables manejan argumentos complementarios a los anteriores: las agencias se equivocan, sí, pero casi siempre por exceso de optimismo, y no se caracterizan por meterle intencionadamente el dedo en el ojo a los gobiernos; los pronósticos del gobierno español han fallado mucho más que los de las «
agencias»; cualquiera de las otras dos que no han variado su calificación puede variar sus pronósticos gracias a las amables palabras de la vicepresidenta; la pérdida de una A no significa ser carne de riesgo de impago pero anticipa futuras caídas. Nos guste más o menos, los inversores internacionales tienen bastante en cuenta lo que dicen las dichosas «agencias» antes de comprar bonos de deuda, lo cual significa que una rebaja de la nota implica un aumento del coste de financiación de la deuda, justo lo que a España no le interesa. Los calificadores de nuestra credibilidad económica vienen a ser como los inspectores de la Guía Michelín: no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con ellos, pero su sola concesión de una o dos o tres estrellas hace que tu restaurante sea conocido en medio mundo o no. Con lo que eso conlleva.
Los alegres muchachos de Standard And Poor´s nos acaban de acusar, en pocas palabras, de pasividad. Su informe es particularmente sonrojante para un ministro de economía con las luces adecuadas: alerta sobre la altísima deuda del sector privado, sobre la rigidez de un sistema laboral sujeto a una reforma que nunca llega, sobre la escasa capacidad exportadora de España y sobre los problemas financieros del «mejor sistema del mundo». Es más, se desprende del informe que los calificadores creen que el estancamiento de nuestra economía será largo, en contra de lo que afirma el gobierno, que lleva viendo la recuperación desde el principio del 2009 y ésta no aparece por ninguna parte.
Ante ello se dibuja un panorama no excesivamente alentador: no se aprecian ideas claras, voluntad política para mantener las pocas que tienen, visión de futuro, acierto en los diagnósticos, capacidad de reaccionar y capacidad de consensuar. Digamos que se desprende un aire «zombi», preso de la ideología, en el gobierno prácticamente unipersonal del gabinete ZP. Cada día que pasa resulta más difícil establecer las reformas necesarias para un momento excepcionalmente delicado: ni el gobierno ni los agentes sindicales dan la impresión de saberse atrapados por la urgencia, por la necesidad imperiosa de actuar sobre la herida: al contrario que el cirujano mexicano que salvó la vida a José Tomás, esperan pacientemente que llegue la anestesia antes de ligar los vasos por los que se desangra el empleo. Al paso que van, al paciente no le dolerá nada la intervención no por estar anestesiado, sino por haber muerto ya.
La situación política es delicada. Aunque pretenda disimularlo, el informe demoledor del S&P ha caído como una bomba en el gobierno. Le han venido a decir que su plan de ajuste no es creíble, que el gasto debe ser recortado en proporción mucho más severa y que las reformas no pueden esperar. No dejan de ser unos economistas privados opinando sobre un gobierno soberano, cierto, pero a los que hacen caso los mercados internacionales son a ellos, no a los nuestros.