La Guardia Civil defiende lo que tiene encomendado, la soberanía fronteriza española. Sin más conjeturas
LA previsible payasada de los miembros parlamentarios del grupo Izquierda Plural escenifica la escasa responsabilidad de los miembros de esa facción política en lo que respecta a asuntos delicados referentes a la seguridad del Estado. Que una serie de individuos –tan solo caracterizados por su tendencia al esperpento parlamentario– aparezcan amordazados en los escaños del Congreso cuando se debate la Ley de Seguridad Ciudadana, brinda una sucinta idea de la densidad meramente melodramática de su argumentación política: la «performance» estrafalaria como lenguaje, la simple teatralidad como exposición de las ideas. Hagamos ruido con lo que sea, y así tendremos razón escénica. Habrá quien lamente que no sigan así silenciados por el resto de la legislatura. La pena, cabría decir, es que deshagan el nudo del pañuelo al poco de la foto de rigor.
Una supuesta encuesta realizada por una ONG desvela que el 80% de los españoles, nada menos, está en contra de diversos apartados de esta ley, especialmente con aquellos que tienen que ver con la protección de fronteras y la política de salvaguarda de los intereses nacionales en aspectos relacionados con la inmigración ilegal. Convengamos que si quien pregunta es una ONG que basa su negocio precisamente en el ámbito de los inmigrantes irregulares, no va ha hacerlo desde una inmaculada imparcialidad. Y en segundo lugar, si quien pregunta, además, elige tan solo a 600 encuestados en ámbitos propios, el resultado podrían inventárselo sin necesidad de aparentar un trabajo sesudo. Curiosamente, hay titulares de prensa que conceden espacio a bromas como la antedicha.
La Ley de Seguridad referida, a buen seguro, tiene aspectos mejorables. Pero establece, en lo que a la inviolavilidad de las fronteras de España respecta, una norma mediante la que se dota a los vigilantes de la misma de los instrumentos regulatorios precisos que impidan poner en cuestión su trabajo legal. Las fronteras aludidas no son, evidentemente, las que nos separan de Francia o Portugal ni las que bordean el perímetro marítimo español; las fronteras –que también lo son de la Unión Europea– dibujan los límites de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y son las que ven a diario como cientos de hombres organizados proceden a su asalto por medios no contemplados por la legalidad. Conocedores ellos de que quien consiga superar los medios disuasorios va a ser inevitablemente incorporado a la alegalidad de las calles en la península, utilizan los medios que sean menester con tal de conseguir su objetivo. Si España, a través de las Fuerzas de Seguridad que tienen encomendada su defensa, no intenta impedir o dificultar la porosidad de las fronteras, mañana puede dar por hecho un aluvión inasumible de inmigrantes convocados por un inevitable «efecto llamada» De eso no dicen nada los payasos de la mordaza ni los supuestos encuestadores de la ONG. Los hombres que vienen decididos a sobrepasar las vallas, como ya se ha dicho en más de una ocasión, no traen malas intenciones, pero ello no obsta para que las normas regulatorias de inmigración y asilo se cumplan según la legislación en vigor. No compete a la Guardia Civil la característica concreta o las circunstancias dramáticas de cada uno de ellos.
La Guardia Civil defiende lo que tiene encomendado, la soberanía fronteriza española. Sin más conjeturas. Quienes llegan al asalto lo hacen «armados» de garfios en las manos y tacos en los pies al efecto de poder vencer la altura y las mallas de las tres vallas. Ninguna ley dice que deban ser maltratados por ello, pero ninguna otra puede asumir que su proeza en el salto sea recompensada con la residencia consentida. Otros supuestos contemplados por la Ley deberían ser debatidos sin necesidad de hacer el tonto o el ridículo. Los españoles agradeceríamos que en lugar de comedias, los que se oponen a sus artículos lo hagan con ideas, no con mamarrachadas.
