A Iñaki Urdangarín hay que pedirle cuentas por lo que haya hecho afueras de la ley. Si nada hay que reclamarle, nada hay de que acusarle. Hasta ahora, todo lo que sabemos se remite a investigaciones de las que no ha podido defenderse y que constituyen un dime y direte de filtraciones y comentarios sin más base que suposiciones mejor o peor fundadas. Urdangarín ha de ver a diario informaciones en la prensa de las que no puede defenderse porque no sabe de lo que se le acusa. Eso, en puridad, se llama indefensión. Háganse ustedes a la idea: toda España da por hecho de que usted es un trincón y usted no puede ni siquiera emitir una nota aclaratoria por la sencilla razón de que no sabe a ciencia cierta de qué se la acusa. La torpeza del yerno del Rey estriba, supuestamente, en aprovechar su situación estratégicamente privilegiada para establecer negocios ventajosos que, en teoría, no estarían al alcance de gente como usted o yo. Todo es posible y contemplable, pero hay que demostrarlo ante tribunales debidamente constituidos y autorizados. Lo demás forma parte del entretenimiento patrio y de las suposiciones mejor o peor fundadas.
 

Es muy probable que las acciones de Urdangarín contengan algunos elementos irregulares y no pocos argumentos criticables o punibles. Pero al igual que otros procesos sometidos al secreto de sumario, merece la pausa de las presunciones. Al ministro Blanco se le acusa de ser urdidor de beneficios irregulares para otros y para sí mismo: hasta que el sumario no deje de ser secreto y en tanto no pueda defenderse de acusaciones basadas en filtraciones interesadas nadie formalmente está autorizado a asignarle comportamiento punitivo alguno. Ser yerno del Rey no supone, a efectos legales, ningún beneficio añadido al de los ciudadanos comunes, con lo que habrá que esperar a que la fiscalía balear y la de anticorrupción aclaren sus acusaciones. En principio, Iñaki Urdangarín no está acusado de delito definido, aunque media España piense que se ha aprovechado de su situación estratégica para acumular una serie de beneficios que no corresponderían a las contraprestaciones prestadas en caso de ser simples mortales. Hasta lo visto, y mientras las autoridades fiscales no demuestren lo contrario, estaríamos ante un caso de «aprovechategui» y no ante un delito de apropiación de fondos públicos, que, normalmente, comprometen más a quien los da que a quien los recibe. El Rey, a buen seguro, contempla algún tipo de medida quirúrgica para salvar el prestigio de la Institución: será difícil volver a ver al yerno en actos públicos en tanto no estén aclaradas las cosas, pero también lo será que someta a sus hijas a la expulsión del «paraíso», especialmente después de que la Reina manifieste su apoyo en forma de visita familiar en Washington.
 

La Corona, en pocas palabras, ha sido un negocio extraordinario para España. Nada comparable en términos históricos a lo que haya podido suponer para alguno de sus miembros. La Familia Real, en modo troncal o en modo exponencial, ha servido a los intereses de España de tal manera que no puede ser expuesta al apedreamiento público por el comportamiento irregular de uno de sus apósitos. Comportamiento, en cualquier caso, que debe ser evidenciado por los tribunales después de preceptivo derecho a la defensa. Si se contempla como punitivo el proceder de Iñaki Urdangarín, deberá quedar claro que ha sido Iñaki Urdangarín quien ha procedido de forma irregular, no la Monarquía como institución y, ni mucho menos, la Jefatura del Estado. A ver si va a resultar que todos nos tenemos que hacer responsables de nuestros cuñados. Y conste que yo no me quejo de los míos, que son bellísimas personas, trabajadores ejemplares, grandes degustadores de Gin-tonics y amigos de corazón por encima de vicisitudes.