El perdedor de una guerra no condiciona al vencedor ni le amenaza con volver a las armas después de haber sido laminado
PUES dejarlos donde están. En la cárcel. ¿Hay alguna razón que invite a pensar que lo mejor sea dejarlos sueltos? Urkullu, lendakari del Gobierno vasco, cree que sí. En su pugna peluda por el electorado vasco más irascible, le ha propuesto al presidente del Gobierno de España que tenga a bien dejar libres a los presos de ETA. Seguro que lo ha dicho con otras palabras, pero ha venido a decir algo así: si programas una salida escalonada de los presos de la banda, tienes asegurada la paz social en esta esquina de España. ETA entregará algunas metralletas, abrirá algunos zulos y asegurará su disolución si tú te haces un «Bolinaga» general, como aquellos aprobados generales que decretaban algunos catedráticos de los setenta. Se trata de que salgan aquellos a los que les toca salir y de que se muestre manga ancha con los que están juzgados por el nuevo Código Penal, ese que condena a cuarenta años a los asesinos independentistas vascos. El plan venía escrito en los papeles que se le interceptaron a la abogada de ETA Arancha Zulueta, hoy felizmente presa: indultos, acercamientos, terceros grados. A cambio, la banda mostraría una cara amable reafirmando su determinación pacífica: yo no mato, me disuelvo y tú sueltas a los míos. Urkullu ha propuesto el «pelillos a la mar»: estos no matan más, se disuelven en el censo vasco, se convierten en paseantes de domingo y tú, a cambio, les devuelves a sus gudaris, a sus compañeros de armas, a los héroes domésticos del terror. Yo, Urkullu, te garantizo diálogo civilizado y procuro que estos salvajes ratifiquen su promesa de dejar las armas para siempre. Y de paso me peleo por esa base electoral que me disputo con los bestias de la izquierda abertzale, que, en el fondo, son mis votantes, más o menos asilvestrados, más o menos aburguesados, más o menos hijos de Sabino.
Va a ser que no. Un Estado de Derecho que se tenga por tal no puede pactar nada semejante. Un país medianamente decente, un sistema social aupado en principios elementales, no puede admitir que, después de haber vencido a una banda terroristas, esta le condicione pautas de comportamiento tras la derrota. El perdedor de una guerra no condiciona al vencedor ni le amenaza con volver a las armas después de haber sido laminado. ETA no puede dictarle al Gobierno español las condiciones de la capitulación. Y aún menos a través de una fuerza política intermedia como el PNV.
Cuesta convencerse de ello, pero ETA ha sido derrotada merced a la acción de las Fuerzas de Seguridad del Estado, del trabajo de hombres y mujeres del CNI, de la acción severa y firme de los jueces (sí, empezando por Garzón: gracias, Baltasar), de la unión de políticos de mil leches distintas, de la sociedad civil y de todas las personas de buena voluntad que pueblan España. Una vez conseguido el objetivo no puede reducirse todo a una simple ecuación reductiva: ellos no matan, nosotros somos generosos. No. Se siente, pero no. Los presos con antigüedad acabarán saliendo de la cárcel por la sencilla razón de que se van cumpliendo sus condenas, lamentablemente elásticas merced a los códigos antiguos con los que fueron juzgados. Pero lo harán merced a lo que dicta la legalidad, no por ninguna generosidad estúpida de la democracia española. Los que sean presos por delitos juzgados por nuevos códigos deberán cumplir sus penas: si así se aconseja, cerca de sus lugares de residencia, pero presos. La Vía Nanclares –acercamiento al País Vasco tras reconocimiento del mal causado– es una gracia contemplable y razonable; la reducción de penas por supuestas estrategias pacificadoras, en cambio, es una indecencia. Eso debería saberlo, incluso, gente que se tiene por sensata. Llámese Urkullu, llámese lo que sea.
