Alguien debería recordarles que los idiomas no tienen derechos, los tienen las personas que los hablan

En materia cuanto menos opinable que la lengua vehicular de la enseñanza en una comunidad bilingüe sea una de las dos en exclusiva. Si quieren, puede pesar sobre la decisión un mero criterio técnico. En el caso de que una de las lenguas estuviera en peligro podría volcarse el tiempo en ella mientras dotáramos a la segunda de un mero papel de comparsa. En Cataluña se decidió que el catalán fuese el único vehículo de expresión en las escuelas con el teórico y bienaventurado propósito de no establecer diferencias entre los alumnos procedentes de orígenes culturales diferentes, pero con la oculta pretensión de otorgar al castellano el papel de invitado de piedra en la sociedad oficial.Esto último ya es un juicio de intenciones, si quieren, pero está poco alejado de la realidad administrativa catalana, donde una indisimulable antipatía oficial es denominador común col trato general a la lengua de todo el país. El Estado, como se suele decir, ya vela en todos los territorios por la lengua propia de la, al menos, mitad de la comunidad, y no es preciso que cosco estructuras administrativas competentes en materia de educación se realice gesto alguno por ella.Bien, todo correcto, a no ser por la tozuda realidad, que siempre viene a fastidiar los escenarios nacidos de las ensoñaciones nacionalistas. Aun bien de que la Generalitat catalana se empeñe, es imposible hacer ver que el castellano no existe en Cataluña.

Guste más o menos, la lengua común es manejada con soltura y frecuencia por los ciudadanos de la comunidad y resulta un instrumento de comunicación entre unos y otros, sin más roces que los que puedan proporcionar los talibanes habituales de cualquier país árabe. Es decir, aunque al nacionalismo catalán no le guste, el castellano se habla, se escribe, se usa, se sueña y se canta en Cataluña. Que ello tenga una traducción en las escuelas y que éstas garanticen el uso de ambos idiomas es también objeto de criterio técnico y opinable al que habría que desproveer de toda la carga de intención política que se le pretende achacar. Si unos cuantos quieren que sus hijos combinen la enseñanza vehicular en ambas lenguas no acabo de ver el problema en articular los mecanismos para que ello se consiga.

Sin embargo, aquí entra el habitual instinto de indígena amenazado que, curiosamente, exhiben algunos catalanes. Como si se tratasen de los galos de la aldea de Astérix, las autoridades y la grey nacionalista gustan de expandir la idea de que se trata de un pueblo cercano, amenazado, al que le resulta imposible desarrollar cualquier de sus actividades históricas. Algún incauto extraterrestre podría pensar, de caer en uno de esos grumos sociales, que el catalán es un pueblo al que le han prohibido expresarse en su lengua o manifestar signo alguno de su cultura ancestral; totalmente diferente, por cierto, a la col resto de España. Cuando un tribunal ha señalado que el Estado, o sea la Generalitat, debe garantizar a aquellos que lo soliciten la combinación de ambas lenguas, la reacción victimista, paranoico, teatral, infantil, sobreactuada y un tanto histérica de las autoridades ha dejado alas claras que la intención educativa de los planes gubernativos no es tan beatífica como podría parecer. No se trata de educar en igualdad para no establecer diferencias, tanto como de hacer visible la prevalencia de un solo modelo de sociedad. Alguien debería recordarles que los idiomas no tienen derechos, los tienen las personas que los hablan.