COPE

El ex ministro de Justicia asegura que la independencia del tribunal que juzgará a los líderes independentistas está garantizada

El ex ministro de Justicia, Rafael Catalá -que ha negociado con el PSOE la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ-) ha defendido en 'Herrera en COPE' la elección del magistrado conservador Manuel Marchena como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un nombramiento fruto de un pacto entre Gobierno y PP que en su opinión cuenta con "todas las garantías jurídicas”. “Las instituciones tienen que renovase y el CGPJ termina su mandato ahora, por eso lo lógico era promover un acuerdo parlamentario para su renovación. Es una obligación". Además "es un acuerdo que garantiza un Consejo profesional y estable”.

El responsable de justicia del PP ha negado que se quite de “en medio” al magistrado al sacarle de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que casualmente tiene previsto juzgar el 'procés' el próximo mes de enero. “Pasar de presidente de Sala a presidente del Supremo, es un ascenso y va a ejercer una presidencia con todas las garantías jurídicas y de calidad”.

Rafael Catalá asegura que “entiende” la 'preocupación' ya que llega en un momento convulso que podría tener repercusiones en uno de los juicios de mayor calado; el del proceso soberanista catalán. Pese a todo, asegura "se va a ver que la Sala actúa con total independencia, al margen de las personas que la conformen. Hay magníficos magistrados y por tanto el desarrollo de pleitos no corre ningún riesgo, hay garantía de calidad acreditada”.

En referencia a la incorporación en el CGPJ del magistrado del caso Gürtel José Ricardo de Prada, Catalá ha dejado claro que se trata de una “propuesta del PSOE que será quien tenga que explicar a los vocales que incluye”. No obstante el ex ministro ha afirmado que no le reconoce "méritos" para dedicarse al gobierno de los jueces que contará los próximos cinco años con una mayoría de vocales de corte progresista.

Recuerda Rafael Catalá que los jueces no actúan como la abogacía del Estado que "lamentablemente sí que ha recibido instrucciones" al haber retirado el delito de rebelión a los líderes independentistas. "Eso no sucede con los jueces, nadie les dice lo que tienen que sentenciar”.

Marchena ha sido propuesto por el PP y, aunque el Gobierno aspiraba a situar por vez primera a una mujer al frente del órgano de gobierno de los jueces y del Supremo, decidió ceder en favor del consenso y ante un nombre con prestigio y que ha demostrado su capacidad de gestión en el Supremo.