"Los españoles que han creído en mi verdad y mi inocencia" 

Barberá y Cotino creen que no es momento de pensar en regresar

Los compañeros de partido del expresidente Francisco Camps,  sus antiguos miembros del Consell y el actual jefe del Gobierno valenciano, Alberto Fabra, quisieron ayer celebrar con él la victoria judicial en el conocido como «Caso de los trajes». Entre ellos, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que «nunca» ha dejado de creer en su inocencia. Sin embargo, y pese a que considera que Camps, «tiene todo el derecho del mundo a reivindicarse políticamente», cree que es momento de que «se dedique a descansar». En este sentido sugirió que no es momento de que piense en su regreso a la Generalitat. «El agua de los ríos nunca vuelve atrás, puede regar nuevos campos pero no vuelve atrás».

De similar opinión es el presidente de Les Corts, Juan Cotino, quien le recomendó que se tome «un año sabático» para «descansar de tres años de calvario». A partir de ese momento, «la vida es muy larga» por lo que cree que «si Dios le da salud, podrá hacer muchas cosas».

No obstante, para el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons, el expresidente «ya está perfectamente rehabilitado» y en la «primera fila» política e insistió en que el PP «nunca lo inhabilitó».

«Se ha hecho justicia». Las palabras de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Paula Sánchez de León, eran compartidas ayer por muchos «populares», como el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, quien consideró que, todos los que condenaron a Camps sin haberse celebrado el juicio «hoy deberían decir algo».

«¿Qué pasa ahora con los que tanto hablaron sobre Camps y tanto callan con cosas que pasan en Andalucía o campeones en el noroeste?», se sumó a las críticas el  presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel.

Por su parte, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, lamentó el daño que causan los juicios paralelos, pues «detrás de un cargo político hay una persona, algo que jamás se ha tenido en cuenta».

Sin embargo, los partidos de la oposición valoraron de manera muy distinta el papel, presente y futuro, de Camps. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, exigió al presidente de la Generalitat que aclare el futuro de Francisco Camps y diga «si su deseo es que descanse hasta la jubilación o sólo un mes».

Además, el líder socialista le instó a pedir «explicaciones y responsabilidades políticas» a Camps y Costa, ya que están «inhabilitados políticamente, porque una cosa es la responsabilidad judicial y otra la política, que es absolutamente atronadora».

Compromís consideró que la responsabilidad pública, política e institucional de Camps «ha quedado más que demostrada», mientras que para EU Camps está «políticamente desacreditado por su íntima relación con los corruptos de la trama Gurtel y por la desastrosa gestión que ha conducido a la Generalitat a la ruina».

Blasco dice que el futuro del expresidente se debatirá en el partido

El portavoz del grupo parlamentario popular en Les Corts, Rafael Blasco, consideró ayer que el secretario general del PSPV y síndic socialista, Jorge Alarte, y el diputado autonómico del mismo partido Ángel Luna no sólo deberían pedir perdón, «sino que si fueran consecuentes con lo que piden para otros, deberían dimitir». Respecto al futuro político de Camps y de Costa, señaló que es una cuestión que tiene que dirimir el PP «en su nivel interior».  No obstante, declaró que ambos «cuentan  con el aval de Justicia y el reconocimiento democrático de la sociedad valenciana». Ahora, «que ellos planteen lo que quieran y, desde luego, dentro del PP vamos a estar todos abiertos en hacer conciliable la posición justa de estas personas con la necesidad de mantener el rigor y la responsabilidad institucional».  Criticó, asimismo, un juicio «trufado de intencionalidad política que iba más allá de querer depurar responsabilidades» y que, «independientemente de que se hubiera producido algún error, era una cosa absolutamente desproporcionada que afortunadamente ha quedado saldado en un fallo absolutorio».

Un tribunal popular dividido falla que no se puede probar el cohecho impropio

El expresidente y el ex ‘número dos’ del PP valenciano, inocentes por cinco votos a cuatro

La decisión no tuvo en cuenta la autoinculpación

El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, del PP, fue absuelto ayer por un jurado, con cinco votos a favor y cuatro en contra, del delito de cohecho pasivo impropio del que estaba acusado desde hacía tres años por haber aceptado trajes y otras prendas de vestir de la trama corrupta Gürtel. También fue absuelto el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, por la misma mayoría.

El anuncio provocó un estallido de alegría de los fieles de los acusados en la sala, que fueron desalojados por orden del juez. La alegría de los campistas se mezcló con los cánticos críticos que llegaban de la calle, donde coincidía una concentración de apoyo al juez Baltasar Garzón, juzgado estos días, entre otros procesos, por autorizar la intervención de las comunicaciones de los cabecillas de Gürtel en la cárcel.

El jurado motivó la absolución de Camps sobre la base de buena parte de los argumentos que ha utilizado la defensa del expresidente durante todo el juicio. La primera de ellas, las contradicciones en las declaraciones hechas antes y durante el juicio por el sastre José Tomás, testigo de cargo de la acusación; las dudas de Isabel Jordán, exempleada de la trama, imputada en el caso Gürtel, a la que en una grabación aportada a la causa se le oía decir: “He pagado 30.000 euros de trajes para Camps”, pero que en el juicio matizó que no sabía exactamente qué había pagado su empresa y que en la conversación grabada señaló al expresidente debido, dijo, a la presión que vivía en aquellos días; y la declaración de los funcionarios de la Generalitat que afirmaron que Camps, como jefe del Gobierno valenciano, “no tenía influencia alguna en materia de contratación”, según leyó el portavoz del jurado.

Las motivaciones del jurado incluyeron algunas afirmaciones llamativas. Señaló, por ejemplo, que la relación entre Álvaro Pérez, El Bigotes, y Camps (que le llamaba “amiguito del alma”) había sido meramente “comercial”.

La mayoría del jurado que estableció la absolución de los acusados destacó igualmente la falta de concreción de los peritos que declararon en la sala, que en varios casos afirmaron no poder reconstruir inequívocamente el itinerario completo de las prendas desde su encargo hasta la recepción por parte de Camps y Costa. En su veredicto también recordaron que la encargada de la empresa de transportes que trasladó cajas con varios kilos de ropa desde las tiendas de Milano y Forever Young a casa o a la oficina de El Bigotes, no pudo decir, en cambio, qué contenían los fardos ni a quién iba destinado su contenido.

Respecto a algunos de los documentos incriminatorios, como la lista manuscrita elaborada en una de las tiendas (en las que figuran los acusados junto a prendas y precios), o las incautadas a la trama con anotaciones similares, el jurado consideró que carecían de valor mercantil y no le atribuyeron “ninguna credibilidad”.

Los cinco jurados que declararon a Camps y Costa inocentes (es el mínimo que exige la ley, mientras que la condena requiere siete votos) no tuvieron en cuenta que dos de los imputados en su día en la causa, el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete en Turismo Rafael Betoret, fueron condenados tras aceptar que cometieron el delito. Ni que el propio abogado de Camps, Javier Boix, llegara a presentar en el tribunal un escrito de conformidad con las acusaciones en la semana de julio de 2011 en la que el expresidente acabó dimitiendo.

Tampoco les convenció la declaración de cinco empleados de las tiendas de las que salieron las prendas, aparte del sastre José Tomás, que declararon que, sin lugar a dudas, se hacían prendas para Camps y Costa y que las pagaba el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo, junto a las suyas propias, las de Álvaro Pérez y las del expresidente de Radio Televisió Valenciana Pedro García.

El jurado sí que dio peso, y así argumentó otra de sus respuestas al cuestionario entregado por el juez, a la declaración del escolta de Camps, que afirmó haberle prestado unos 200 euros para que el expresidente comprara una chaqueta que estaba rebajada. Ni la Fiscalía Anticorrupción ni la acusación popular le acusaban, sin embargo, de haber aceptado como regalo dicha prenda. El llamado caso de los trajes llega de este modo a su fin tres años después de ser destapado por el juez Garzón. El veredicto, que el magistrado convertirá en sentencia en los próximos días, puede ser recurrido ante ese Tribunal y ante el Supremo.