COPE

El presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha abogado por "vivienda pública de alquiler a precio asequible” en lugar de limitar las rentas

Joan Clos i Matheu, presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), ha sido entrevistado este miércoles en 'Herrera en COPE' a propósito de la decisión del Gobierno de limitar el precio del alquiler. Según ha dicho, “le medida no resuelve el problema” del encarecimiento de las rentas porque “se ha intentado aplicar en muchos países”, pero “se ha demostrado que lo único que hace en una sociedad abierta es que los inversores que pensaban invertir dejen de hacerlo” con la consiguiente disminución de la oferta.

“Esto se ha probado en EE.UU., en San Francisco; en Europa, en Berlín, aunque está suspendido porque hay un recurso de inconstitucionalidad. No es una medida que sorprenda a los académicos porque hay muchos estudios de los ejemplos que se han puesto en funcionamiento”, ha explicado. Y es que, la experiencia dice que “no baja el alquiler porque los prohíba nadie, sino por disminución de la actividad económica”.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval) ha abogado por la vivienda social pública para aumentar el número de las viviendas en alquiler a fin de que bajen los precios. “Esto es la solución”, ha manifestado, pues en España “la política fue fomentar el acceso a la propiedad”.

Sin embargo, la economía moderna necesita de vivienda en alquiler “por la movilidad laboral”, pero “no tenemos suficiente. Hay que construir vivienda de alquiler a precio asequible”, ha insistido.

Clos i Matheu ha alertado, además, de los problemas jurídicos que tendría que se aplicase la limitación de los precios a los contratos de alquiler vigentes de manera retroactiva. “Está probado que esto tiene problemas de ejecución”.

El experto ha dicho que la medida del Gobierno sale de la normativa aprobada en Cataluña para limitar el precio de las rentas, que “es inconstitucional” según un informe del Consejo de Garantías. “Una cosa es que uno quiera intentar resolver los problemas que tienen los ciudadanos y otra es hacerlo de forma que funcione”, ha sentenciado.