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La actualidad económica en 'Herrera en COPE' con el profesor Gay de Liébana.

El trago amargo del paro en España

El medidor por excelencia de la actividad productiva de una economía es el Producto Interior Bruto, más popularizado por sus siglas de PIB, y que se define como el valor de los bienes y servicios finales que genera una economía en el interior de sus fronteras territoriales, en un período de tiempo determinado, que suele ser el año. Si el PIB crece, repican las campanas, las autoridades se jactan de su flamante gestión y alardeamos de que la economía va viento en popa. Sí, pero… una cuestión candente es la del crecimiento inclusivo. La economía crece, sí, pero los beneficios de crecimiento no trascienden a todo el mundo e irrumpen las desigualdades de renta, riqueza y oportunidades, envueltas, al menos en España, con un paro abominable.

Sentimos ya muy cerca de nosotros la aceleración de los cambios tecnológicos que por el momento conllevarán destrucción de empleos en segmentos laborales medios, los administrativos, y bajos, la mano de obra, tendiendo a una polarización laboral. El futuro se escribirá a base de inteligencia artificial, robótica, automatización y nos interrogamos acerca del papel que jugará la mano de obra humana, conscientes de la exigencia de una alta cualificación laboral donde los espíritus creativos y las personas sólidamente formadas, poseedoras de habilidades digitales y preparadas para los cambios que vienen, saldrán adelante. Entretanto, se alimentan frustraciones ciudadanas.

En España, un 27% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

En España, un 27% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, es decir, con serias dificultades para llegar a fin de mes, no poder atender gastos imprevistos, estando en situación de carencia material o con baja intensidad en el empleo. El asunto se complica al constatar que el Instituto de Estudios Económicos concluye que el riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 35% de la población joven española, aumentando en 13 puntos desde 2007. No solo eso: un estudio de ICSA y EADA indica que los salarios solo mejoran en los puestos directivos y que los empleados no han recuperado el poder adquisitivo precrisis, con una retribución media anual en 2018 de 22.819 euros.

En ese sentido, hay algo que procede relacionar: los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2018 que sobre el papel deja buenas sensaciones, aunque no completas y vibrantes. Mejora el empleo y el paro se reduce si bien sigue en cifras muy altas. Pero… el amargo paro sigue siendo una de nuestras tremendas lacras. España, en diciembre de 2018, exhibía una tasa del 14,3%, por detrás de Grecia (18,6%), y que prácticamente dobla a la de la zona euro (7,9%) y más que dobla a la de la Unión Europea (UE) (6,6%). Así que seguimos encaramados a un desempleo hiriente, que ratifica la flojedad de nuestra economía y que por más recuperación económica que se airee, las cosas no tiran. Además, la calidad del empleo, con una alta precariedad, constituye otro punto negro.

Debemos adecuar los planes de estudio de nuestras carreras universitarias a las necesidades de nuestras empresas.

¿Cuál es la causa del problema? Nuestro modelo productivo se concentra en servicios de bajo valor añadido (hostelería, comercio…), la industria tiene poco peso, los servicios de alto valor añadido son los menos y basamos nuestra estrategia competitiva en ajustar costes laborales. La productividad no mejora por el lado de los ingresos, sino a costa de los salarios. Tecnológicamente andamos rezagados y la política económica del Gobierno mira hacia las nubes con 3,3 millones de parados y una tasa de desempleo juvenil del 33%, la más alta de Europa. Éste no es el camino.

Por tanto, falta mucho dinamismo en el mercado laboral para conseguir que el desempleo se reduzca a los niveles de nuestro entorno, por ejemplo, de Alemania (3,3%), EEUU (3,7%) o Japón (2,5%). No ayuda, en ese sentido, la subida de cotizaciones sociales ni fijar el salario mínimo en 900 euros. los costes para las empresas se disparan y no se compensa a través de la productividad. Ni tampoco suma imponer la maldita Tasa Google que supone un torpedo para nuestro progreso tecnológico. Uno de los grandes desafíos para luchar contra la epidemia del paro es la educación y, en concreto, apostar por la formación profesional y prestigiarla. El otro reto, adecuar los planes de estudio de nuestras carreras universitarias a las necesidades de nuestras empresas.

No ayuda la subida de cotizaciones sociales ni fijar el salario mínimo en 900 euros.

El peso del empleo sectorial, al cierre de 2018, prácticamente se mantiene igual que en 2017; es decir, el sector servicios emplea al 75% de quienes trabajan, la construcción se anima algo respecto a 2017 y concentra el 7% del empleo; la agricultura prosigue con su bajo peso en el empleo total (4%) y la industria apenas representa el 14% de los puestos de trabajo.

He aquí uno de nuestros talones de Aquiles en cuanto a la calidad del empleo: el bajo peso del empleo industrial que va de consuno con el tímido peso de nuestra industria manufacturera que ronda el 13% del producto interior bruto español. España se ha ido desindustrializando y con ello se ha perdido un tipo de empleo de cualificación, mejor retribución salarial y, lo que es peor, el paso tecnológico y de investigación y desarrollo. Si la EPA invita, como siempre, a reflexionar, el corolario es que por más que crezca el PIB, puro dato macroeconómico, el bienestar de la gente se encoge… PIB, EPA, acrónimos detrás de los cuales se esconden serias dudas acerca de la hermosura de unos datos teóricos desde el plano de nuestra realidad económica familiar.

 


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