Javier Negre investiga esta semana las subvenciones públicas que reciben las asociaciones feministas en Andalucía 

COPE

Negre, con la ayuda del responsable de la web ‘Ser hombre no es delito’, ha buceado en el presupuesto andaluz de 2018 y se he llevado una sorpresa porque el Instituto Andaluz de la mujer manejó 42,8 millones de euros, pero cuando se analiza a dónde fue ese dinero te das cuenta que sólo 1,2 millones de euros de esos 42,8 fueron destinados a la atención directa de las mujeres maltratadas y a ayudarlas. Es decir, sólo el 2,8% de su presupuesto total.

9,5 millones de ese presupuesto se fueron en los sueldos de sus 182 trabajadores, que rondan los 50.000 euros al año de media, y 12,2 millones en gastos corrientes del organismo público. Gastos que van desde alquiler de oficinas, facturas de luz, agua, mantenimiento, seguridad hasta dos mil y pico euros en vestuario. No sé si es que hicieron una obra de teatro o van con mono de trabajo. Otro millón fue dirigido a inversiones reales que ahí están inversiones en bienes inmuebles, en mobiliario o incluso en aplicaciones móviles. En este capítulo se gastaron la friolera de 570.000 euros y no sé yo cuántos usuarios tendrán. 20 millones fueron para transferencias de capital.

De los 20 millones de esas transferencias, 1,6 fueron a las universidades andaluzas para que promoviesen “actuaciones en materia de género”, 8,5 a ayuntamientos para “centros de información municipales” que atendieron a 120.000 personas, con lo que cada atención salió a 70.000 euros. 90.000 euros fueron al Ayuntamiento de Sevilla para “atención general”, 3 millones para la “potenciación del asociacionismo de mujeres”; 700.000 para “atención a la prostitución y tráfico sexual”, 200.000 para la “atención integral a mujeres inmigrantes” , 140.000 a UGT Y CCOO para “defensa legal en materia de igualdad entre mujeres y hombres”, 200.000 para el mismo motivo aunque sin saber su destino, 39.468 euros para “actuaciones de formación” y otros 900.000 que no se sabe donde van.

Las ayudas que son verdaderamente importantes: las que van directas a las mujeres maltratadas: 400.000 para “programas de atención social a las mujeres”, 660.000 para ayudarlas económicamente,190.000 en “atención psicológica a víctimas de la violencia”, 101.981 en “atención integral a mujeres víctimas de Violencia de género” y 253.785 euros en “atención especializada a menores expuestos a la violencia de género”. Estas ayudas directas a las víctimas suman, como he dicho antes, 1,2 millones de euros, el 2,8% del presupuesto total de 42,8 millones. Mientras tanto, las asociaciones y federaciones feministas se llevaron 3 millones durante 2018 a los que habría que añadirles otras subvenciones de otros organismos públicos.

La Junta de Andalucía tiene registradas 2.200 asociaciones feministas y federaciones 55. Hay 270.000 mujeres representadas y la red de organizaciones feministas ha crecido en los pasados 4 años un 24%. Pues ahí tienes la Asociación de Apoyo al Lobby de Mujeres que reciben 41.484 euros, la Federación de Mujeres El Despertar que se lleva 19.600 euros, 8750 euros, Asociación Femenina Andaluza para el siglo XXI, la la Asociación Femenina de la Subbética que se lleva 6880 euros, la asociación femenina ‘Páginas Violeta’ que se lleva 9,577 euros y así hasta más de 2.000. Son asociaciones que fundamentalmente promueven la ideología de género más que dedicarse a erradicar la violencia doméstica.

De cara al debate de investidura en el Parlamento andaluz, Vox quiere cortar estas ayudas a cambio de su apoyo al líder popular Juanma Moreno. Lo que quiere hacer es fiscalizar todas las ayudas que se están dando para como ellos dicen acabar con la industria de la ideología de género. Consideran que estas asociaciones feministas no destinan las ayudas a erradicar la violencia y que las chochocharlas no sirven para nada. Ellos quieren que esas subvenciones se destinen a ayudar a las víctimas de maltrato tanto a mujeres, como a niños u hombres. Pero quiere más porque pide directamente la derogación de la Ley de Violencia de Género que considera injusta y que no respeta la igualdad entre hombre y mujer que recoge la Constitución.