Se va a Valladolid y comenta el casp Palau y la intervención de Irene Montero en el parlamento.
Irene Montero (PODEMOS)
¿Le consta la existencia de la llamada mafia del canapé?
COMPLETO
"Se trataría de una red de influencia, de complacencia que se crea en torno a ciertos cargos judiciales de la cúpula para acercarse al poder empresarial y político a través de actos de canapé como los palcos de los partidos de fútbol, o comidas en restaurantes elegantes. Así, la cúpula judicial comienza a conocer a empresarios implicados en juicios y a altas esferas de la política a las que luego tiene que juzgar por actos de corrupción".
Con estas palabras, Irene Montero, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, ha definido eso que su partido ha bautizado como "mafia del canapé". Una expresión que al ministro de Justicia, Rafael Catalá, le ha sonado poco menos que a chino. "No sé lo que es eso, se lo aseguro", ha respondido a la diputada cuando ésta le ha preguntado si tenía conocimiento de la citada trama.
Y ante su ignorancia, Montero se ha mostrado dispuesta a dar explicaciones. No es una "conspiración", ha precisado, en realidad son "negocios". Negocios que, en algunos casos, derivan tal y como ha añadido posteriormente en ardides para manipular la Justicia y tapar los casos de corrupción del PP.
Hasta ahí, la portavoz de Podemos se ha explicado con meridiana claridad. Una nitidez que luego ha embarullado enhebrando sin solución de continuidad desde el puesto que ocupó Villalonga, en época de Aznar, en Telefónica; o el de César Alierta en Tabacalera; el de Martín Villa, "el de la matanza de Atocha" (parte censurada en el video subido a youtube por Podemos), en Endesa; el de Isidro Fainé en La Caixa; Francisco González en Argentaria y Miguel Blesa en Caja Madrid, además del ministro offshore, es decir, José Manuel Soria, que ayudado por un juez y un empresario, "fabricaba pruebas contra la magistrada (de Podemos) Victoria Rosell". Todos ellos, según ha dado a entender, formarían parte de esa "mafia del canapé".
Una mafia que, además, se mezcla con la "trama" que no sería sino una red de altos cargos del Estado, destacados políticos, ex presidentes y ex ministros "que mandan en este país al margen del Parlamento". Y todo ello, "quizá", sólo quizá, "guarde relación con OHL y Sacyr, dos empresas que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas.
Tan prolija ha sido la exposición de Montero que Catalá no ha conseguido aclararse, de manera que la pregunta de la diputada, ¿Puede decirme alguna medida para desarticular esta trama?, ha quedado sin respuesta.
Para el ministro, lo único cierto y lo que dice conocer son los "5.500 jueces independientes, los 2.400 fiscales que trabajan con total autonomía y los cientos de miles de funcionarios".
"Usted parece que desconfía de cualquier persona que se dedica cada día a defender los intereses generales del Estado. Usted sólo levanta sospechas de jueces, fiscales, funcionarios que están al servicio de intereses ¿de quién? Y nos trae una lista de hechos concatenados sin ninguna prueba y sin ninguna acreditación. Cuando ustedes tienen sentencias a su favor dicen que la Justicia es muy recomendable y cuando no les trata bien, es parcial y no hay democracia", le ha reprochado el ministro mientras Montero e Iglesias sonreían y afirmaban con la cabeza al unísono desde el escaño.
Irene Montero, portavoz parlamentaria de Podemos, durante su pregunta a Rafael Catalá
La portavoz de Podemos habla de una trama de jueces, empresarios y políticos para beneficiar al PP y mandar más que el Parlamento
"Se trataría de una red de influencia, de complacencia que se crea en torno a ciertos cargos judiciales de la cúpula para acercarse al poder empresarial y político a través de actos de canapé como los palcos de los partidos de fútbol, o comidas en restaurantes elegantes. Así, la cúpula judicial comienza a conocer a empresarios implicados en juicios y a altas esferas de la política a las que luego tiene que juzgar por actos de corrupción".
Con estas palabras, Irene Montero, la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, ha definido eso que su partido ha bautizado como "mafia del canapé". Una expresión que al ministro de Justicia, Rafael Catalá, le ha sonado poco menos que a chino. "No sé lo que es eso, se lo aseguro", ha respondido a la diputada cuando ésta le ha preguntado si tenía conocimiento de la citada trama.
Y ante su ignorancia, Montero se ha mostrado dispuesta a dar explicaciones. No es una "conspiración", ha precisado, en realidad son "negocios". Negocios que, en algunos casos, derivan tal y como ha añadido posteriormente en ardides para manipular la Justicia y tapar los casos de corrupción del PP.
Hasta ahí, la portavoz de Podemos se ha explicado con meridiana claridad. Una nitidez que luego ha embarullado enhebrando sin solución de continuidad desde el puesto que ocupó Villalonga, en época de Aznar, en Telefónica; o el de César Alierta en Tabacalera; el de Martín Villa, "el de la matanza de Atocha", en Endesa; el de Isidro Fainé en La Caixa; Francisco González en Argentaria y Miguel Blesa en Caja Madrid, además del ministro offshore, es decir, José Manuel Soria, que ayudado por un juez y un empresario, "fabricaba pruebas contra la magistrada (de Podemos) Victoria Rosell". Todos ellos, según ha dado a entender, formarían parte de esa "mafia del canapé".
Una mafia que, además, se mezcla con la "trama" que no sería sino una red de altos cargos del Estado, destacados políticos, ex presidentes y ex ministros "que mandan en este país al margen del Parlamento". Y todo ello, "quizá", sólo quizá, "guarde relación con OHL y Sacyr, dos empresas que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas.
Tan prolija ha sido la exposición de Montero que Catalá no ha conseguido aclararse, de manera que la pregunta de la diputada, ¿Puede decirme alguna medida para desarticular esta trama?, ha quedado sin respuesta.
Para el ministro, lo único cierto y lo que dice conocer son los "5.500 jueces independientes, los 2.400 fiscales que trabajan con total autonomía y los cientos de miles de funcionarios".
"Usted parece que desconfía de cualquier persona que se dedica cada día a defender los intereses generales del Estado. Usted sólo levanta sospechas de jueces, fiscales, funcionarios que están al servicio de intereses ¿de quién? Y nos trae una lista de hechos concatenados sin ninguna prueba y sin ninguna acreditación. Cuando ustedes tienen sentencias a su favor dicen que la Justicia es muy recomendable y cuando no les trata bien, es parcial y no hay democracia", le ha reprochado el ministro mientras Montero e Iglesias sonreían y afirmaban con la cabeza al unísono desde el escaño.
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El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la sesión de control
La beca de Errejón, la vivienda pública de Espinar...
Pero Catalá se reservaba una jugada final, una baza inesperada para Podemos que quiere dar ya por olvidadas algunas de sus contradicciones entre la teoría y la práctica: "Yo creía que iban ustedes a hacer aquí una propuesta de mejora de la Justicia. Por ejemplo, para no tener becas black (en alusión a la que disfrutó Íñigo Errejón), no tener contratados en negro sin dar de alta en la Seguridad Social (en referencia al asistente de Pablo Echenique), o cómo hay que hacer para no especular con la vivienda pública (a todas luces la de Ramón Espinar), pero parece que no, que no, que de eso no vamos a hablar". Las sonrisas en las filas de Podemos ya se habían desdibujado mientras en la bancada del PP los aplausos retumbaban.
"En España hay Justicia independiente", ha rematado Catalá aprovechando para reforzar su posición frente a las acusaciones de manipulación que le han lanzado otros partidos, "que funciona bien y es igual para todos y hay una Constitución que garantiza la independencia de los poderes públicos y eso funciona por más que a algunos le pese y quieran cambiarlo y dar un golpe democrático".
