Carlos Herrera, XIV Premio a la Tolerancia 

Señoras, señores, me alegro, ¡buenas noches! Este saludo, cambiando “noches” por “días”, me despierta cada mañana. Mientras me arreglo y desayuno, me dejo seducir por la voz de Carlos Herrera, que tiene la virtud de acercarme a las noticias sin sacarme la bilis. Es más, aunque normalmente no hay mucho por lo que alegrarse, con ese tono afable, sereno y conciliador, aderezado con un punto de guasa, consigue arrancarme la sonrisa, cosa que va muy bien para empezar la jornada laboral.

Carlos se ha ganado con tesón, honestidad, complicidad, simpatía e inteligencia una legión de fósforos y el respeto de una mayoría. Así lo acredita su éxito de audiencia y el que por sus mañanas, aparte de técnicos de todo tipo y personajes de actualidad, desfilen políticos de todos los colores, y asimismo tenga tan variados colaboradores en sus tertulias, como nuestro brillante y querido Arcadi Espada, también premio a la tolerancia.

Esta vez, me ha tocado a mí hacer la glosa de los asuntos que nos han tenido preocupados y ocupados como asociación desde la entrega del premio a Mario Vargas Llosa el año pasado. Nada que Carlos no haya tocado en sus programas y que nosotros no hayamos tratado con anterioridad hasta la fatiga. Pero ante la contumacia del nacionalismo en la violación de la ley y de ciertos derechos fundamentales, crece nuestra determinación de denunciarlo en todas las ocasiones que podemos.

Lo más destacado de este periodo, para nosotros, es el incremento del desprestigio de las Instituciones por parte de las propias Instituciones.

Ahí tenemos al Lehendakari retando permanentemente al Estado del que él mismo forma parte, sin respetar la más mínima regla de juego. Éste es un tema fundamental, pero lo dejo aparcado por falta de tiempo, y me centro en Cataluña.

Aquí, el espectáculo es parecido y cunde por otras Autonomías. Los máximos representantes del Estado, léase el Presidente, su tripartito y el principal partido de la oposición, llamados a cumplir las leyes como los primeros, las incumplen cuando no van bien a sus intereses separatistas y amenazan al propio Estado si el más alto tribunal, el Constitucional, se atreve a “tocar” algún artículo del Estatut, que ellos saben inconstitucional.

Incumplen la Ley de banderas y excluyen a la española de forma permanente en muchos balcones consistoriales porque así lo deciden sus cargos municipales, ¡como si la legalidad no fuera con ellos! a sabiendas de que la bandera representa a la Constitución y que al eliminarla nos están despojando simbólicamente de nuestros derechos ciudadanos. Algunos son algo más comedidos y solo nos dejan suspendido al Estado el 11 de septiembre. Este año, otros han ido de más alternativos todavía y han votado, con el apoyo de muchos ediles del PSC e incluso algunos del PP, exhibir a cambio la ilegal bandera separatista.

¿Qué decir del artículo 21.2 de la LPL del 98, aprobada por el propio Parlament, que reconoce el derecho a la escolarización, durante la primera enseñanza, en la lengua habitual del niño? De todos es sabido que el ejercicio de este derecho es imposible en Cataluña, primero porque lo ocultan y segundo porque no ponen los medios para que se pueda llevar a buen puerto. De nada sirve que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya dado la razón a nuestra asociación con 3 sentencias –la última en mayo pasado– en las que insta a la Administración educativa catalana a incluir una casilla en la hoja de preinscripción para que los padres puedan escoger la lengua de escolarización de sus hijos. ¡Las incumplen todas sistemáticamente! Por cierto, acabamos de ganar parcialmente otra sentencia del TSJC. Es relativo al recurso que hace tres años interpuso, en nombre de la Asociación por la Tolerancia, nuestro entonces vicepresidente José Domingo –hoy diputado de Ciutadans– contra una orden de la Generalitat, de 2005, por la que se convocaba concurso público para la concesión de subvenciones (condicionadas al uso exclusivo de catalán) a las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) para la organización del servicio de acogida matinal de niños en centros públicos que imparten educación primaria e infantil. Viene a decir que las actividades relacionadas con la preparación de trabajos escolares no pueden ser sólo en catalán. ¡Ya veremos si se aplica o pasa lo mismo que con las hojas de preinscripción o que con el decreto de mínimos! En este caso, los jueces, también mediante sentencia, han obligado a la Generalitat a impartir la tercera hora de castellano, pero ni por esas. Para disimular la desobediencia, decide permitir a las escuelas que lo soliciten específicamente que impartan esa 3ª hora. ¡Como si cada centro pudiera colocarse por encima de la ley! Encima, tenemos que sufrir el sarcasmo de ver cómo nuestros máximos gobernantes autonómicos al mismo tiempo que regatean esa hora de español y la apean –de facto– de su estatus de lengua oficial, se atreven a pedir la oficialidad del árabe en Ceuta, la del bereber en Melilla, la del catalán en el este de Aragón, y a montar escuelas íntegramente catalanas en el sur de Francia, con ingentes sumas de nuestro dinero.

No me digan que esto no es surrealista y peligroso. ¿Qué clase de pedagogía se busca con esta estrategia de obediencia-de-las-leyes a la carta? ¿Qué les hace pensar que una vez abierta la veda, muchos ciudadanos no los emularán y acabarán imponiendo sus propias leyes?

Tanta impostura solo para mantener los privilegios de una clase política y de una élite social. Eso es lo que, a nuestro juicio, se esconde detrás de la idea de estado propio, por mucho que lo arropen de sentimentalismo y de promesas de más-ingresos-per-cápita.. Para el grueso de la ciudadanía, sólo quedaría el sometimiento y el recorte drástico de libertades para ahormarla a la nación soñada que nunca fue. Para el proyecto totalitario en marcha, la presencia del castellano estorba porque no encaja en el trío imprescindible para ellos: lengua-nación-estado.

Por ello, es en el terreno lingüístico donde cometen las mayores tropelías.

Así, la Generalitat, que tiene la obligación de usar las dos lenguas oficiales, se reserva el uso exclusivo del catalán en todos sus anuncios, impresos y documentos, mientras impone multas a los comerciantes que osan rotular sólo en castellano; para los que usan sólo catalán, subvenciones.

Así, se atreve a obligar a los funcionarios al uso exclusivo del catalán. Joan Saura, consejero de Interior, nos lo explicó muy bien a raíz del expediente abierto a un Mosso d'Esquadra, por realizar una diligencia en castellano. “Está bien abierto porque el catalán es la lengua propia de la administración catalana y el castellano de la española”.

Así, aplican la inmersión forzosa sin excepciones. Poco les importa el grave perjuicio que ocasionan a niños de entorno castellano con algún tipo de minusvalía como puede ser la sordera de nacimiento.

Así, se atreven a presionar hasta el límite al personal docente y no docente para que no atienda a ningún niño que se le dirija en castellano. El límite para la monitora Sara Burgos ha sido la pérdida de su puesto de trabajo por dar testimonio público de esa presión.

Así, van creando una conciencia de culpa colectiva, o de provocación, por el empleo público del castellano capaz de tejer un manto tupido que impide visualizar la discriminación y el atropello que sufren miles de ciudadanos de Cataluña. Tan grueso que ni siquiera las “miradas agudas” de nuestro presidente, de nuestra ministra de Educación y de nuestra ministra de Igualdad –por nombrar solo algunos– lo pueden traspasar. Para ellos, aquí no hay discriminación y todo va bien. Tampoco es que les haya interesado ver; siempre les quedaba el recurso de tirar del manto... A ellos, y a los que les han precedido, los hacemos responsables de esta situación. Algún día tendrán que darnos explicaciones por haber permitido que se tejiera.

Hasta hace poco negaban que no hubiera instrucción en castellano o español; ahora están a la defensiva e intentan justificar la exclusión de la lengua común casi como si fuera por decisión gustosa de sus hablantes como única manera de asegurar la supervivencia del catalán, cuando, precisamente, la UNESCO constata que goza de muy buena salud, porque además de su estatus de oficial, es una lengua súper prestigiada.

Estamos hartos de que nos tomen por tontos y nos quieran colar falacias de bulto como argumentos sutiles. Como el de que la separación de aulas significa fractura de la sociedad. Eso carece de todo fundamento. Hay que recordarles que junto a la escuela pública, existen escuelas religiosas, institutos extranjeros, y escuelas privadas. En un mismo centro, existe la separación de aulas por opción de lengua extranjera, por ciencias y letras, por nivel académico, etc. Y no pasa nada. Pero, además, tenemos el ejemplo relevante de Finlandia, de enorme cohesión social, que tiene escuelas monolingües en finlandés, monolingües en sueco, y las escrupulosamente bilingües, dependiendo de la composición ligüística de los municipios, ¡igualito que aquí!. Y pasa algo extraordinario: el informe PISA lo coloca como el país con mejores resultados académicos. Por el contrario, aquí el informe arroja los peores resultados, especialmente entre los castellanohablantes, según estudio realizado por la propia Fundación Bofill. Parecería razonable que a la luz de esa evaluación externa, bastante objetiva y contrastada, de prestigio internacional, se abandonara el sectarismo lingüístico. Está comprobado que las políticas inclusivas y de participación de todos los ciudadanos aumentan la cohesión social, vitalizan a la sociedad civil y promueven la paz.

El bilingüismo no es un problema a resolver, sino un patrimonio a conservar. El individuo, en un territorio oficial y socialmente bilingüe, tiene derecho, reconocido en nuestra Constitución, a utilizar la lengua que le convenga o desee sin que eso tenga que interpretarse como alta traición al conjunto. La UNESCO –a la que tanto nombraban nuestros próceres en otros tiempos– instan a los poderes a poner los medios necesarios para que cada persona pueda hablar su propia lengua, como forma prioritaria de expresión, a lo largo de toda su vida.

Si los que están llamados a defender nuestros derechos y libertades se empeñan en violarlos, a los ciudadanos nos toca el duro camino de los tribunales, de la denuncia pública, de hacer pedagogía contra corriente y de la movilización permanente. Gracias a todos los que estáis en esta labor, sobre todo, hoy, a nuestro premiado Carlos Herrera. Enhorabuena. ¡Aquí una fósfora!

Marita Rodríguez. Barcelona, 3 de octubre de 2008

El periodista Carlos Herrera recibió esta noche, durante una cena en Barcelona, el XIV Premio a la Tolerancia, que concede la Asociación por la Tolerancia.

Tras recibir el galardón el año pasado el escritor Mario Vargas Llosa, el locutor andaluz recibió hoy el premio en reconocimiento a su defensa de los derechos y libertades constitucionales y su respeto al criticar los excesos al poder político, según informó en un comunicado C's, que apoyó hoy esta decisión con la asistencia de sus diputados en el Parlament.

El galardón ha sido otorgado hasta ahora a Ivan Tubau, Fernando Savater, Francesc de Carreras, Gregorio Peces Barba, Iniciativa Ciudadana ¡Basta ya! en la persona de Agustín Ibarrola , Félix de Azúa, Albert Boadella, Baltasar Garzón, Antonio Muñoz Molina, Arcadi Espada, Rosa Díez y al citado Mario Vargas Llosa.

La asociación, creada en 1992, aboga por una sociedad bilingüe en la que las instituciones sean respetuosas con los derechos lingüísticos. Desde su inicio ha sido especialmente activa en la defensa de una escuela bilingüe que valore la lengua materna de los alumnos y garantice la libertad de elección de idioma.

El jurado de este año ha estado compuesto por Jordi Bernal, Félix de Azúa, Susana de la Cuesta, Manuel Fernández, Elvira Fuentes, José Antonio García, Eva Hidalgo, Eduardo López-Doriga, Dolors Payàs, Marita Rodríguez, Daniel Tercero e Ivan Tubau.