El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, nos habla en Herrera en la onda de lo que hemos venido llamando el 'tasazo', la subida de tasas de la vía civil y contencioso administrativa, que se quiere hacer extensiva a ciudadanos con un determinado nivel de renta.
ONDA CERO
Afirma que ante esto están sorprendidos, porque 'habrá que reconsiderar en este país la posición de muchas cosas, pero especialmente de todo el tratamiento legal de la democracia y de la salud del estado de derecho'. Asegura que la abogacía española está masificada, pero es extraordinaria e incluso es líder en todo el mundo, 'pero el Ministro se ha empeñado en querer ser moderno queriendo que la modernidad sean las tasas'.
ABC
Jueces y fiscales amagan con una huelga
Dicen que las reformas de Gallardón atentan contra su independencia y autonomía
No es un buen comienzo de curso el que le espera al ministro Alberto Ruiz-Gallardón, con las carreras judicial y fiscal en pie de guerra. Los anteproyectos de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) han creado tal malestar en estos colectivos que no descartan ni paros parciales ni huelgas. Quieren que se paralicen de inmediato las reformas planteadas y que el Ministerio de Justicia abra una vía de negociación antes de dar un paso más, pues creen que los afectados directos de estas reformas, es decir, ellos, algo tienen que opinar. La situación recuerda bastante a la que hace ahora cuatro años vivió el ministro socialista Mariano Fernández Bermejo, aunque en aquella ocasión esas amenazas sí se materializaron en paros.
En un comunicado difundido por la comisión interasociativa, que engloba a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (FV), Jueces para la Democracia (JpD), Foro Judicial Independiente (FJI), Asociación de Fiscales, Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) y Unión Progresista de Fiscales, se expresa «el patente malestar de la carrera judicial y fiscal debido a la ausencia de voluntad política» para modernizar el sistema judicial español. A la vez denuncian que hay un «manifiesto interés por el control político de nuestros órganos de gobierno». La ausencia de inversión en justicia, la descoordinación en la gestión de la Administración de Justicia, congelación de plazas judiciales, fiscales y oposiciones, recortes salariales y estatutarios son otros de los objetos de sus protestas.
Acabar con el colapso judicial
Las asociaciones reclaman «pleno respeto a la independencia, competencia y función del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)», de forma que se paralice la reforma planteada que «atrofia» la capacidad de actuación del órgano de gobierno de los jueces; que no se limiten las funciones ni los derechos de ambos colectivos; que se emprendan reformas legislativas que mitiguen el actual colapso judicial y la convocatoria de oposiciones para cubrir aquellas plazas de juez y fiscal ya presupuestadas y ofertadas en anteriores procesos selectivos y que han quedado vacantes.
Hasta que estas iniciativas no se pongan en marcha, los jueces y los fiscales «solo ejerceremos nuestras funciones dentro de los estrictos márgenes de la ley y obviando criterios productivistas (...)», avisan. Además, instan a las juntas de jueces y fiscales convocadas para el próximo 21 de septiembre a que se adhieran a este comunicado.
