'Las tasas judiciales son una subida de impuestos pura y dura' 

Justicia ha tomado la decisión porque todavía no está disponible el formulario para realizar el ingreso previo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la ley que prevé una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros, para poder recurrir una resolución en los tribunales. Sin embargo, aunque la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses entra en vigor este jueves, finalmente el Gobierno ha optado por aplazar su aplicación.

La ley no será efectiva hasta que no estén listos los impresos de autoliquidación, según ha informado hoy el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, que ha precisado que el Ministerio de Hacienda los aprobará en las próximas semanas.

En declaraciones a los periodistas en el Ministerio de Justicia, Bravo ha comentado que la liquidación de las tasas no se podrá practicar hasta que Hacienda, por medio de la Agencia Tributaria, lo comunique, tal y como prevé la ley en su artículo 9.

Esa orden, que deberá ser dictada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tiene como finalidad regular el procedimiento y los impresos de autoliquidacion.

De esta forma, Bravo ha anunciado que el Gobierno comunicará mañana a todos los secretarios judiciales que no se practique ninguna liquidación, hasta la publicación de la orden ministerial que así lo autorice, en sintonía con lo que dice la norma.

Bravo también ha hecho referencia al recurso de inconstitucionalidad que el PSOE que interpondrá ante el Tribunal Constitucional (TC) y ha afirmado que el TC ya se ha manifestado en mas de una ocasión en relación con la constitucionalidad de las tasas.

Según Bravo, el TC entiende "que las tasas son legítimas y constitucionales siempre y cuando respeten el principio de proporcionalidad en relación con la capacidad económica de los ciudadanos".

Ha agregado que "el diseño que se ha estipulado en la nueva ley de tasas respeta ese principio", al tiempo que ha anunciado que en las próximas semanas, el Gobierno revisará el sistema de justicia gratuita que, según el subsecretario, "se está negociando ya con las distintas comunidades autónomas que lo gestionan".

En su opinión, la unión de los dos textos, la ley de tasas y la ley de justicia gratuita revisada, "cumplirá esos parámetros constitucionales que el TC ha establecido como legítimos en aplicación" de la propia Carta Magna.

Críticas de oposición, sindicatos y consumidores

La subida generalizada de las tasas judiciales ha suscitado rechazos en una parte del sector jurídico, que se han extendido a sindicatos, consumidores y oposición.

El principal partido de la oposición, el PSOE, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la medida. Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha justificado esta decisión con el argumento de que la nueva ley establece dos categorías de ciudadanos ante la Justicia, los que tienen dinero y pueden hacer efectivo su derecho a la tutela judicial y los que no lo tienen.

Por su lado, el portavoz de la organización que agrupa al sector más progresista de la magistratura, la minoritaria Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha señalado que la nueva ley supone una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Las nuevas tasas impiden a una gran parte de la sociedad la posibilidad de acudir a los tribunales por razones económicas, lo que "resulta contrario al artículo 24 de la Constitución, por lo que la medida presenta serias dudas de constitucionalidad", ha expresado.

La medida ha sido rechazada también por otras organizaciones del sector jurídico como el Sindicato de Secretarios Judiciales, que ha seguido así al Consejo General de la Abogacía Española, que ya se opuso a la nueva Ley hace días y cuya postura ha sido repetida hoy por abogados de varios colegios españoles.

Otros ámbitos del sector judicial se han hecho eco también de la medida y, así, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán, se ha referido al asunto.

Según Montalbán, la ley de tasas de tasas judiciales supondrá "un obstáculo" para que las víctimas de malos tratos soliciten la separación o divorcio de su agresor.

Los sindicatos UGT y USO han mostrado también su rechazo a la ley de tasas judiciales, al igual que ha hecho la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha declarado que la medida "limita derechos constitucionales" y creará una justicia "de dos categorías", a la que se accederá "en f