EL MUNDO
Montoro 'aprieta' a las autonomías y provoca la rebelión en el propio PP
Castilla y León y Extremadura deciden abstenerse en la votación
El Ministerio de Hacienda no ha logrado sofocar la rebelión de las comunidades autónomas contra el endurecimiento de la austeridad. Ha impuesto nuevos objetivos de déficit para 2013 y 2014 con una mayoría, pero no la unanimidad deseada. Han votado en contra Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias y se han abstenido dos comunidades gobernadas por el PP: Castilla y León y Extremadura.
El Gobierno ha conseguido frenar al final la abstención de Galicia, la comunidad de origen de Mariano Rajoy. Es un hecho muy inusual que comunidades del PP no voten a favor de una propuesta del Gobierno, pero la han considerado demasiado dura.
El plan del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, consiste en imponer que no puedan superar el déficit público del 1,5% este año -pese a que Bruselas permite una suavización mayor a la Administración Central-, un 0,7% en 2013 y un 0,1% en 2014, según ha anticipado Hacienda a las comunidades.
Estas últimas cifras para los dos próximos años son más duras que las establecidas por el Gobierno de Zapatero en 2011 (1,1% para 2013 y 1% para 2014) y suponen, según consejeros de Hacienda autonómicos consultados, un mayor esfuerzo para las comunidades que para la Administración Central.
Discrepancias
Está medida está provocando un choque político. El propio secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido en declaraciones en los pasillos del Congreso una mayor flexibilización. En su opinión, si el Gobierno ha logrado más tiempo para acometer el ajuste "lo lógico es que las comunidades también tengan más flexibilidad".
De no ser así -ha advertido- se está "obligando" a las autonomías a recortar la sanidad, la educación y los servicios sociales. "Y los ciudadanos ya no pueden con más recortes", ha subrayado, según Efe.
También el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha reclamado "un reparto equitativo" en el esfuerzo contra el déficit en vísperas de la reunión del CPFF, que reúne al Ejecutivo central con los consejeros de Hacienda de las distintas autonomías.
En el Gobierno argumentan que ya el pasado abril se planteó a la Comisión Europea que el objetivo déficit autonómico para 2013 fuera del 0,5%, con lo que al plantear ahora el 0,7%, ha habido cierta "flexibilización". Las comunidades consultadas lo niegan, porque aseguran que ese 0,5% nunca fue objeto de acuerdo y que lo hay en vigor es limitar el déficit al 1,1% en 2013, que es un objetivo más suave que el que plantea Hacienda.
El propio departamento de Montoro ha amonestado de hecho a ocho comunidades -que no han sido nombradas- por desviarse de los planes de déficit. A tres de ellas, por dudas sobre la información proporcionada y a otras cinco, por haber incumplido los compromisos adquiridos para no desviarse de los objetivos de déficit, informa Efe.
Según fuentes con acceso a la reunión, las comunidades autónomas habrían recibido el apercibimiento de manera individual y discreta. Se trata de un primer apercibimiento que, según la ley de Estabilidad Presupuestaria, podría acabar, en caso extremo, en intervención.
Revisión
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció en el debate del pasado miércoles, que "ahora les toca a las comunidades autónomas acreditar que están cumpliendo y ganar credibilidad para que todas puedan volver a financiarse normalmente en el mercado, cosa que, como todos ustedes saben, ahora no se produce".
Según anticipó Rajoy, en el Consejo de Política Fiscal, además de fijar el nuevo objetivo de déficit, habrá que "revisar la aplicación de los planes económico-financieros de las comunidades autónomas aprobados en abril en la línea de lo establecido en el procedimiento de corrección del déficit excesivo y, en virtud del grado de aplicación de los planes aprobados, se pondrán en marcha los mecanismos correctores previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria".
Además, se trata de "poner en marcha un instrumento financiero [los llamados hispabonos] que garantice la liquidez suficiente para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a sus compromisos financieros".
Según Rajoy, a cambio de este apoyo de la Administración Central habrá "una condicionalidad y con controles adicionales del Estado, que requerirá la autorización por parte de las comunidades autónomas de su capacidad normativa y de decisión en el ámbito de ingresos y
