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¿Tiene la obligación la administración de entregarlas? ¿Pueden ser un elemento de prueba?

Ya está en manos de un juez el encuentro clandestino en Barajas la pasada madrugada del 20 de enero entre la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez, y el ministro de Sánchez, José Luis Ábalos. El PP recurría este martes para que no se destruyeran las grabaciones de las cámaras del aeropuerto relativas a la presencia de la vicepresidenta venezolana y su posible acceso a la sala VIP de la terminal de autoridades.

Con esta denuncia in extremis, los populares han logrado dos cosas importantes, tal y como explica Pablo Muñoz en ABC; la primera que un juez aprecie indicios de delito y la segunda que la Fiscalía se ponga en marcha. Y es que a pesar de haber recibido una denuncia de los populares por estos mismos hechos, no había ordenado diligencia alguna.

Además existe otro elemento de prueba. Cuentan los diarios, la declaración ante notario de un vigilante de seguridad de Barajas que ha ratificado que Ábalos ha acompañado a Delcy Rodríguez a una sala VIP de Barajas. Según ABC este trabajador ha sido expedientado y apartado del servicio por la contrata para la que trabaja.

Precisamente este miércoles se cumplen ya los 30 días del polémico encuentro nocturno. La decisión de este juez impide así que al mes se destruyan las grabaciones de forma automática.

Según ha explicado en 'Herrera en COPE', el juez José Antonio Vázquez Taín, la ley de Protección de Datos impide que esas imágenes sean difundidas, pero también “establece la obligatoriedad de destruir esas grabaciones pasados los 30 días, de ahí la importancia de las resolución de este martes ya que de lo contrario se hubieran podido borrar”.

Bien es cierto, recuerda el juez, que la propia ley “también establece un plazo mínimo de siete días, que normalmente en establecimientos públicos como los aeropuertos no se suele cumplir y se conservan el máximo de 30". Por tanto "si las hubieran destruido, no se habría infligido la ley, pero tendían que dar explicaciones porque los jueces pedimos muchas veces a Barajas imágenes para comprobar delitos de organizaciones delictivas o de entradas y salidas de delincuentes”.

No obstante, el auto del juez será ahora notificado al Ministerio Fiscal y las partes personadas, que podrán interponer recurso de reforma contra la resolución del juzgado en tres días y recurso de apelación en los 5 días siguientes a la notificación.

En cualquier caso desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea, ha considerado que es un "paso adelante muy importante" porque la justicia ya se ha "involucrado de manera clara" en este asunto, sobre el que los populares han presentado también una denuncia ante la Fiscalía y una batería de iniciativas parlamentarias. "Digan lo que digan las cintas, lo que ha quedado claro es que Sánchez ha mentido, Ábalos ha mentido".

SE PODÍAN HABER BORRADO PERO AHÍ ESTÁN

Tras conocer la decisión del juez, Ábalos, se mostraba "absolutamente tranquilo" y aseguraba que esos vídeos "aclararían muchas cosas".

"Si siguen ahí es porque no hay ningún interés (en ocultarlas). Es más, me vendría muy bien (que se difundieran) porque se aclararían muchas cosas. Se vería absolutamente todo bien", ha reiterado, recordando que afectarían a terceras personas y no pueden salir a la luz.