Si los delicados manifestantes que el domingo están convocados en Sevilla por la AVT para mostrar su disconformidad con la política del Gobierno de Rodríguez Zapatero tienen la osadía de elevar la voz más de la cuenta y de atentar, consecuentemente, «contra el civismo debido y la convivencia ciudadana», todo el peso de la ley en forma de regañina del fiscal general del Estado caerá sobre sus cabezas y sobre el buen nombre de sus familias. Y algo más, probablemente. Una «actitud vociferante» no es lo que se espera de una víctima del terrorismo, que debe manifestarse de forma cabizbaja, como salía de la puerta de atrás de las iglesias vascas, como llegaba a los aeropuertos de Andalucía o Extremadura, como se escondía y se esconde en los pueblos en los que se han quedado a vivir. A dos militantes del PP les detuvieron por orden política del delegado del Gobierno en Madrid, aquella lumbrera, por increpar a un ministro del Gobierno en una manifestación de carácter parejo a la de pasado mañana en Sevilla, pero los policías que cumplieron la orden fueron condenados por sentencia judicial. Tranquilos por ese lado. Éstos piensan que una madre de un guardia asesinado o un hermano de concejal muerto no tienen que manifestarse con la misma actitud de un miembro de Batasuna: cada uno a lo suyo, la víctima a callarse y el asesino a chillar.

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha advertido muy seriamente a la Asociación de Víctimas del Terrorismo: esa manifestación convocada para expresar la disconformidad de sus asociados con las políticas gubernamentales que afectan a la gestión de la tregua no podrá ocupar toda la calzada del trazado asignado -deberá dejar un par de carriles para el tráfico-, deberá ajustarse a las normativas acústicas de la ciudad y deberá haber aportado previamente el número de manifestantes que esperan convocar. Que el ruido de la calle no moleste a mi señor, ha dicho el funcionario electo, el que señaló el dedo del poder para velar por la seguridad de todos. Me pregunto si el propio subdelegado irá escoltando la manifestación con un medidor de ruidos accionado en su mano izquierda: «¡A aquél, detengan a aquél, que ha gritado por encima de lo permitido!».

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía autorizó en su día al sindicato de Policía y Bomberos a utilizar los medios acústicos que consideraran necesarios en una manifestación. El Ayuntamiento de Sevilla -donde regía el mismo que hoy es subdelegado-, que no había permitido efectos sonoros, recurrió y perdió. Por lo tanto, que vayan tranquilos todos los manifestantes este domingo al Paseo de las Delicias y griten lo que quieran hasta hartarse. Y lleven bocinas y matracas y altavoces si les da la gana. Y ocupen toda la calle y corten el tráfico y no le hagan ni puñetero caso a nadie. Ni siquiera al subdelegado se le ocurrirá ordenar a la Policía que cargue contra las madres, los hermanos y los hijos de los muertos, cosa que creo tampoco harían aunque se les dijese, por cierto. Que las víctimas del terrorismo reivindiquen su derecho a manifestarse en tiempos en que resulta políticamente incorrecto hacerlo por aquello de que hay un Gobierno que «lucha por la paz» y al que no se le debe obstaculizar. Las víctimas tienen, de momento, el mismo derecho que Batasuna a ocupar las campas sin que nadie les ladre: hace unos días, en Oyarzun, tres pistoleros tomaron posesión de la tierra sin que el Estado hiciese acto de presencia a pesar de estar cerca sus responsables de seguridad. ¿Y van ahora a decirle a las víctimas críticas con este Gobierno que no griten y que vayan por la acera? ¡Anda ya!

Todos a Sevilla pasado mañana. Que si aquí el tráfico lo corta cualquier colectivo de mojones ¡cómo no lo van a cortar ellos!