Pueden los jefes de estudios o las consejeras de gobernación quitarles toda la importancia que quieran a la violencia juvenil, a las bandas que la desarrollan o a la acción intimidatoria que determinados jóvenes muestran por cualquier calle de su ciudad, pero eso no les restará la que tienen, que es mucha. Los habitantes de las diferentes arcadias felices que están censadas en muchos espacios colectivos de España dirán que son elementos aislados, hechos graves pero extraordinariamente singulares, productos de la incomprensión de nuestro tiempo y todo el bla, bla, bla que despliegan los timoratos y políticamente correctos políticos españoles. Bueno, pues siendo así, algo en el interior de estos merluzos les dice que la realidad es otra. No quieren verla, pero saben que existe. Es la realidad consecuente a años de deconstrucción, no más.
La colosal crisis de autoridad de las sociedades modernas -las más atávicas, curiosamente, no padecen este problema de forma tan aguda- ha ido minando las relaciones verticales de los individuos, los cuales, consecuencia de la educación de los últimos veinte o treinta años, no han recibido correctamente el mensaje cifrado que instala en sus cerebros el concepto de esfuerzo y recompensa. Han recibido, en cambio, otro que atempera la relación entre la comisión de una falta y la pena consecuente: se pasea por las generaciones más jóvenes un inusual sentido de impunidad que envalentona sus fechorías. Realmente, nunca pasa nada. La bodriosa Ley del Menor, causa de muchos delitos, cuando no crímenes, en España, permite que los más jóvenes se vayan de rositas literales tras la comisión de todas las faltas. Sumemos a ello la desestructuración que padece la institución familiar desde hace años y tendremos ya el cuadro a medio pintar. Los efectos pavorosos de la pérdida de la solidez de la familia son comparables a lo que los guetos, la laxitud penal de la justicia y la pérdida de la ecuación escolar trabajo-resultados han causado en distintas franjas juveniles. Y ahí están, en Hospitalet y en Berga.
Los autistas gestores que nos hemos dado interpretan la realidad con los cuatro tópicos de siempre, pero los casos son paradigmáticos de la realidad de muchos barrios españoles. Si, de hecho, a la hora de valorar la gravedad de los hechos, es preferible tender hacia la alarma que hacia la ceguera voluntaria, aquellos que no quieren ver que la delincuencia inexplicable arranca cada vez a edades más jóvenes acabarán siendo responsables de la adormilada reacción de la sociedad, la cual, por muy indignada y asustada que esté, sigue a la espera de que alguien haga algo más que recitar recetas de progre iluminado. Los jueces instan a que se tomen medidas para evitar que los delitos juveniles prescriban en un pis pas: los delincuentes se lo saben y se despistan el tiempo necesario para que pasen los tres meses, tres, después de los cuales el delito pasa a mejor vida. Eso, sin ir más lejos.
Ciertamente, no se va a conseguir aplacar esta alarmante tendencia de incorporarse a la brutalidad y a la delincuencia con edades más tempranas sólo con medidas punitivas. Harán falta muchas más, educativas, culturales, sociales, familiares, todas de plazo largo y lento. Pero está claro que sin medidas punitivas no se avanzará ni un milímetro. El Estado debe llegar a todos los rincones posibles como ejemplo de valor social y en ello va incluida la severidad con la que contempla la falta a los derechos colectivos, cosa que, aunque les parezca muy dura a algunos lánguidos y descuidados responsables sociales, suele ser un ejemplo de enorme efecto.
Las causas y circunstancias de los sucesos de Berga y de Hospitalet son distintas. Los componentes grupales cambian ostensiblemente, pero el mar de fondo lleva la misma ola: si seguimos mirando para otra parte, todo dice que acabaremos por ahogarnos irremisiblemente.
