Muy pocos son los que albergan dudas acerca de la contundencia legal con la que los países de nuestro entorno combatirían fenómenos terroristas. Basta, sin embargo, que el Gobierno español estudie tomar medidas algo más severas para con los agitadores nazis o nacionalistas que siembran el pánico en las calles del País Vasco, basta eso, digo, para que el papanatismo retroproge de algunos sectores del país se lleve las manos a la cabeza por algo tan palmario como pretender que un proetarra de veinte años que quema una cabina sea juzgado como algo más que provocador de desórdenes públicos. Da la impresión de que determinados sectores judiciales están más preocupados por no tener que tomar medidas severas con los alborotadores que por calmar la indignación ciudadana ante todo este tipo de actos.

Delinquir en España ùhabrá que decirlo por muy incorrectamente político que seaù es bastante barato, especialmente si el delito lo comete un joven que no haya cumplido los veintiún años, aunque los roce, al que se le considera, curiosamente, menor . Pero aún parece más barato si esos delincuentes se mueven con la impunidad callejera con que lo hacen los menores de HB, los cuales pueden quemar ciudades enteras ante la pasividad política de las autoridades vascas, más preocupadas en propiciar diálogos que en perseguir canallas de esa clase ùa no ser que te pase como a Anasagasti, que te vayan a quemar a tu madre y eso te lleve a un cierto fastidioù y ante la blandura de determinados jueces que prefieren quitarse de en medio antes que proteger valientemente a la ciudadanía.

El paquete de medidas legales estudiado por el Gobierno va a provocar más de un ridículo. Escucharemos a políticos nacionalistas ùcomo siempre, más cerca de los delincuentes que de las víctimasù arremeter contra todo lo que suponga perseguir contundentemente el delito. Entretanto, la opinión publica pedirá, simplemente, no ser toreada al amanecer y que la apología terrorista se pague debidamente; no atender esa reclamación urgente sí que resulta un estrago.