La mayoría de los denunciados son culpables de maltrato, pero la ley no contempla la presunción de inocencia

CASO espinoso y delicado este que afecta al eurodiputado socialista López Aguilar. Una investigación de oficio practicada por la Policía con el fin de esclarecer determinadas circunstancias de un incendio doméstico en el domicilio del exministro y su familia, llevó a considerarle sospechoso de maltrato en virtud, al parecer, de ciertas declaraciones de los vecinos de la pareja que aseguraban haber oído en más de una ocasión trifulcas, gritos, golpes y esas cosas. Dice López Aguilar, en cambio, que lo que medió fue una denuncia falsa por parte de su esposa; lo cierto es que ello le ha llevado a solicitar su suspensión de militancia en el PSOE en tanto se aclaren las circunstancias de este áspero proceso, pero no así la renuncia a su escaño europeo que le vale, como sabemos, estar aforado y ser solo carne de investigación por parte del Tribunal Supremo. Que sea el Supremo el encargado de la investigación no quiere decir que no te investiguen, conviene decirlo, pero sí que evites los juzgados de violencia de género que se crearon como desarrollo de la ley del mismo nombre promulgada, valga la paradoja, cuando el acusado era ministro de Justicia.

La prudencia invita a no extralimitarse en juicios precipitados. Ni a acusarle de maltratador ni a considerar a su exesposa un arpía vengativa por un divorcio. Desde luego no seré yo el que se meta en ese jardín. Sí es cierto algo: si la exmujer quisiera acabar de raíz con su carrera y su prestigio le bastaría con haber denunciado algún maltrato –ni siquiera golpes– para que López Aguilar hubiese dormido en un calabozo. Y lo hubiese hecho en virtud de la ley que sacó adelante, uno de los proyectos estrella del zapaterismo de tan grato recuerdo. Al eurodiputado canario le hubiese ocurrido lo que a tantos hombres víctimas de una venganza, que tan sólo con el testimonio en comisaría de su pareja pasan unas horas en arresto policial hasta que un abogado consigue ponerles en libertad. Cierto es que la gran mayoría de los denunciados son culpables de maltrato y merecen quedarse entre rejas esa y otras muchas noches, pero también lo es que la ley no contempla la presunción de inocencia que ahora reclama justamente el político y su partido, el mismo que ha aplaudido que hasta ahora ocurra lo contrario.

Las estadísticas insisten en que las denuncias falsas prácticamente no existen, pero esas estadísticas nunca son aclaradas en método y alcance. Que España sea el único país de su entorno en el que no se dan denuncias falsas llama mucho la atención: que lo que sí pasa en Francia o en Italia no pase en España huele a pucherazo propagandístico. Todo bicho viviente conoce muchos casos vergonzosos de maltrato, pero también algún otro de denuncia falsa. Los primeros son abrumadoramente mayores que los segundos, pero negar la evidencia de que los segundos también existen es absolutamente absurdo. Si todo el caso que atañe al eurodiputado canario se demuestra falso tal y como él asegura que es capaz de demostrar, servirá al menos para evidenciar el calvario que han tenido que sufrir muchos hombres inocentes que han sido literalmente ignorados por la ley, la estadística y la corrección política. Y también es cierto que de ser inocente se habrá cometido la habitual injusticia que supone exponer a un individuo a un apredreo mediático de notable envergadura, en el que la común ligereza con la que se juzgan determinados casos y la inquina política de quienes se consideran adversarios no hacen sino generar ataques desmedidos e injustos. Y si, por el contrario, es culpable de trato vejatorio su exmujer ha asegurado no haber sido víctima de violencia deberá asumir las consecuencias que ello conlleva: una de ellas, acarrear con ese incómodo sello.