La chusca imagen del sindicalista Lanzas repartiendo sobres en una cafetería es la caricatura final del proceso
LA UCO es una de las fortunas de España, como siempre que se topa uno con algo relativo a la Guardia Civil. Es la Unidad Central Operativa, una suerte de policía judicial que investiga todo tipo de delitos, con especial incidencia en los económicos, telemáticos, medioambientales y los relacionados con drogas, capitales y diversa gente de mal vivir. La UCO es una síntesis de lo que siempre se puede esperar de la Guardia Civil: lealtad, profesionalidad, patriotismo, esfuerzo y decencia. Y eficacia, como se ha demostrado en el caso de los ERE falsos en Andalucía. En la investigación de un caso como el que acucia las estructuras de la Junta de Andalucía se han dado dos factores determinantes: una juez persistente y unos investigadores insobornables. Todas las novedades procesales que hemos conocido esta semana se han producido gracias al trabajo discreto y pertinaz de los hombres y mujeres de la UCO, los cuales han dedicado capazos de horas a desvelar la estructura de una pirámide inaudita de estafa y mangoneo. Ha sido el trabajo de una mujer obstinada en la búsqueda de la verdad, poco dada a la renuncia merced a las presiones o a los palos metidos en las ruedas, Mercedes Alaya, y a los tipos del Grupo de Delitos Económicos gracias a quienes hemos sabido que desde 2005 -o antes- se estableció un lucrativo negocio para algunos mediante el sencillo sistema de utilizar los fondos públicos en beneficio propio.
Cuando algunos señalan que el caso de los ERE falsos se limita a unos cien individuos colados en regulaciones de empleo concretas, están refiriéndose a la espuma de un proceso mucho más profundo. Los falsos trabajadores metidos a calzador en ERE de determinadas empresas no son más que folclore. Folclore de pícaros mangantes, pero folclore. El negocio consistía en disponer de cientos de millones de euros durante muchos años para buscar empresas necesitadas de ayuda y encontrar los intermediarios aseguradores a los que pagar cantidades infladas con la correspondiente orden de repartir parte del sobreprecio. Todo ello gracias a un sistema que eludía controles gracias a la disposición paralela mediante la que se procedía. Dos consejerías, Empleo e Innovación, servían de canalización y una serie de intermediarios hacían el trabajo sucio. Así se buscaba a «quién», se le prometía pagarle el «qué» y se le recordaba que debía «repartirlo». La chusca imagen del sindicalista Juan Lanzas repartiendo sobres en una cafetería cercana al Parlamento andaluz es la caricatura final del proceso.
La investigación que llevan a cabo Alaya y la UCO precisa de indudables medidas de prudencia y contención. En el momento en el que impute a un aforado -cosa que antes o después habrá de ocurrir- le será arrebatada la instrucción. De llegar al Tribunal Supremo antes de tiempo podríamos encontrarnos con que todo acabe diluido en el inmenso océano de indolencias que asola a todo proceso con más de dos mil folios. Normalmente, en el Supremo, eso equivale a absolución. Puede que el TS devuelva el caso a la instructora y le pida que continúe, pero también puede que eso no ocurra y que el par de toneladas de folios de este proceso se quede, una vez más, en nada. Alaya lo sabe y lo sabe también la gente de la UCO, con lo que no vale la pena acelerar un asunto al que le queda, en el mejor de los casos, medio año de pesquisas e interrogatorios. De lo que acabe declarando, por ejemplo, Antonio Fernández, exconsejero de Empleo, depende buena parte del devenir del mismo. Y de lo poco o mucho que se reblandezca la obstinada «omertá» a la que está autosometido el tal Guerrero, director general de los ERE, pende el resto. Y de la aclaración de alguna de las contradicciones del interventor también.
En resumen, nos vamos a divertir.
Buen trabajo de la juez y, una vez más, de la Guardia Civil.
