«El de Andalucía es gobierno de perfil bajo, tirando a gris, acostumbrado a hacer de oposición a Moncloa»
Le ha echado valor el Constitucional. Vaya si le ha echado valor. Acaba de pronunciarse a favor de un recurso planteado por el Gobierno Central en contra de una ley creada por nada menos que un Gobierno Autónomo. Toma del frasco. Para que luego digan que son unos timoratos que no se atreven a poner las cosas en su sitio y que prefieren el noble juego del pasteleo al rigor de la razón política. Claro que al Gobierno al que le han tirado de las patillas es al gobierno de la Junta de Andalucía, que es Gobierno histórico pero con mucha menos mala leche que esos gobiernos a los que se les suele plantear recurso y que acostumbran a llamar a la población en defensa de sus respectivas Bastillas. El de Andalucía es Gobierno de perfil bajo, tirando a gris (con alguna que otra notable excepción), acostumbrado a hacer de oposición a Moncloa (si en Moncloa no está Felipe, claro) y que quisiera gastarse esos rasgamientos de vestiduras tan de los nacionalistas pero que no pasa de teatralizar supuestas continuas ofensas que lo más que provocan son risillas incontenibles entre el público. Con un Gobierno así, el Constitucional se atreve. Si esa Ley de Cajas, motivo de la disputa, hubiera surgido del talento político que amasan los aún más mediocres miembros del gobierno vasco, un poner, habría que ver si la contundencia hubiera sido la misma. Tal vez sí, ya que el tema parece bastante claro, pero tal vez no, ya que el complejo que parecen esconder alguna de sus señorías es de tamaño homologable.
Pero situémonos en lo que contiene ese pronunciamiento. Aquella fue una ley que tenía todo el aspecto de estar hecha para un caso concreto y una persona concreta y este dictamen tiene la misma hechura. Si aquello se perpetró para enviar al presidente de Cajasur, don Miguel Castillejo, el asilo, esto parece haberse redactado ara dejarle en su sitio. El Gobierno de Chaves, con el empeño especial y personal de Magdalena Álvarez, quiso legislar contra normas de carácter nacional, como es, por ejemplo, la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros, para que ésta se adecuara a su articulado en el territorio andaluz. Las cajas andaluzas, cinco, rechazaron esta adecuación con la única excepción de Unicaja, con lo que dejaron el proyecto en un bonito trabajo jurídico–económico pero poco más. El Parlamento de Andalucía, por otra parte, ya descafeinó la ley cuando impidió por falta de consenso, entre otras cosas, que siguiera adelante el proyecto de Caja Única, largamente acariciado por el PSOE.
Pero fue en el seno del mismo Partido Socialista donde surgieron los primeros escollos, pásmense. No resulta muy difícil concluir que a muchos secretarios provinciales y locales les escocía notablemente ceder soberanía financiera de la que manejan, ya que, con esa ley en la mano, el poder era del Gobierno andaluz, no suyo. Los hombres y mujeres de Chaves, especialmente Magdalena, podrían tener, de no haber saboreado la hiel de la discrepancia interna un mecanismo intervencionista prácticamente privilegiado para hacer y deshacer en el denso manejo económico de las Cajas andaluzas. Apetitoso era, desde luego. Sólo que a eso se opuso también su socio de Gobierno, el Partido Andalucista, aunque sea otro que tal baila. Y se opusieron los empresarios. Y los sindicatos. Y el Banco de España. Y no digamos el PP andaluz. El Gobierno de Aznar vio en esta madeja legal algún atisbo irregular y envió el motorista al Constitucional. Ahora este tribunal de irregular trayectoria ha dicho que, de momento, no se aplique la ye, que ya pormenorizará y se explicará con los debidos argumentos dentro de un tiempo.
Cuando ocurre una cosa así ¿qué debe hacer el Gobierno en cuestión? ¿mirar hacia otro lado como si no hubiese pasado nada?, ¿qué debe e
