Los emigrantes suelen llevar la prosperidad allá donde van. Basta reparar en los fenómenos migratorios europeos. Los catalanes —si no todos, sí los que saben— bendicen el día en que llegaron tantos y tantos esforzados andaluces a deslomarse trabajando y a contribuir a hacer de Cataluña lo que es hoy. Los vascos deberían sentir tres cuartos de lo mismo. Alemania no sería Alemania sin los españoles, turcos, griegos o italianos que allí llegaron a trabajar. Y Estados Unidos debe mucho a los ilegales que se cuelan por las alambradas de Texas y California para buscar un futuro alejado de la miseria en la que viven. Lo anterior está bien claro. También lo está, no obstante, que esos flujos deben ser regulados no sólo a través de conceptos tan honrosos como la solidaridad, sino atendiendo a algo que a veces olvidan nuestros legisladores: los intereses nacionales.

Hablar de intereses nacionales en un nación que no se cree que lo es y en la que determinados partidos juegan a que no lo sea, puede sonar extemporáneo, pero, créanme, España tiene intereses nacionales, aunque algunos políticos se desentiendan de ellos con la intención de desentenderse también de la idea de España. Esos intereses quedaron olvidados en el debate sobre la Ley de Extranjería que cerró la legislatura anterior: el Grupo Canario demostró su poca estatura y mezquindad política; CiU, liderada en las ponencias por el inexplicable independentista Campuzano, dio medida de su irresponsabilidad y de su capacidad para el doble juego, ahora aprobando la Ley, ahora votando en contra; el PSOE hizo más por componer una progresista figura de cara a las elecciones que por redactar un texto que no costra bochornos ante los demás gobiernos europeos, y al PP, por su parte, le costó la Ley la dimisión de un ministro y varias broncas parlamentarias por encontrar al responsable de que se redactara aquello sin haber sido supervisado a tiempo. A aquella ley le sobraban intereses electoralista. Veremos si la recién aprobada se ocupa de verdad de los intereses españoles.