No era el paraíso, de acuerdo, pero ciertamente se había dado un paso hacia la serenidad social casi transcendente. Tras décadas de inestabilidad, miedo, sufrimiento y huidas, la pequeña primavera que ha supuesto un gobierno constitucionalista en la Comunidad Autónoma Vasca se ha tornado en un nuevo otoño semejante a épocas pasadas merced a la legalización de los antiguos batasunos camuflados en la coalición Bildu. De nuevo han vuelto las amenazas, las coacciones, la arrogante chulería de sus representantes y las invectivas como escupitajos contra aquellos que no están en el sueño violento de la independencia y el socialismo real. Sujetos de la peor condición, excrecencias políticas disfrazados de corderos soberanistas, han alcanzado los sillones y la gestión de puestos claves en la gobernación de ese territorio hasta el punto de anunciar un derrumbamiento de reglas de juego elementales: controlando juntas generales como la guipuzcoana o ayuntamientos como el de San Sebastián, los mismos que antaño jaleaban con violencia inusitada los asesinatos de ETA, los mismos que colaboraban con las fechorías de la banda, manejan hoy presupuestos, fondos, estrategias gubernamentales de grueso calado en una parte de España dolorosamente acostumbrada al matonismo. Lo que le espera a esa provincia en concreto es la desaparición del Estado y la puesta en práctica de políticas medievales, absurdas, coactivas, sectarias y represivas. Todo ello con la complicidad incomprensible de la derecha vasca, el PNV, el cual ha preferido abrirles camino a individuos que están en su antípoda social con tal de vengarse de los partidos que lo apartaron legítimamente del poder, ese que consideran plenamente consustancial con su condición de vascos únicos y auténticos. A los Bildu los ha legitimado el nacionalismo vasco y, también, una rama alucinógena del Partido Socialista encarnada por individuos que parecían sus representantes artísticos. Y, por supuesto, les ha desbrozado el camino un grupo de sujetos maleables del Tribunal Constitucional debidamente pastoreado por Pascual Sala que ha desautorizado al Tribunal Supremo y que ha seguido lanarmente la consigna que les ha llegado irresponsablemente de las alturas del Gobierno español. Entre todos han conseguido que se reediten las amenazas a los disidentes de la nueva era del independentismo vasco, que les escupan, los amenacen o zarandeen en nombre del recién estrenado orden social. De nuevo no pertenecer a la masa no soberanista, de nuevo considerarse vasco y español, de nuevo no llevar en los genes la seña sanguinolenta del aranismo vuelve a ser motivo de persecución. De nuevo ser una víctima del terrorismo vuelve a ser un estigma. De nuevo vuelve el miedo escénico para aquellos que pueden ser objeto de la extorsión. ¿Cuántos serán los que sentirán la tentación de dejar Guipúzcoa ante la inquietud de que sujetos de esa calaña controlen sus datos fiscales?

Bildu -y ya veremos Sortu si los lacayos del TC completan la canallada- tiene a su alcance la negociación del Cupo Vasco, la participación en la construcción del ´odioso` AVE, decenas de empresas públicas en las que colocar a sus ´gudaris`, dinero suficiente como para complacer largamente a todos los familiares de presos etarras y a estos mismos. Bildu no condenará a ETA, seguirá su estrategia y tutelaje, borrará todo rastro simbólico de España, dedicará buena parte de su tiempo a luchar por la libertad de asesinos encarcelados y tratará de hacer la vida imposible a los vascos encuadrados en formaciones políticas ´enemigas`. El rufianismo y las bravuconadas, la arrogancia de los integrantes de turbamultas ´borrokas` y las tácticas destinadas a apaisar el sufrimiento y extenderlo a aquellos que no comulguen con sus dogmas volverán a ser pan nuestro de cada día. Es cierto que no se puede borrar a trescientos mil vascos por decreto, pero también lo es que ningún número de votantes, por abultado que sea, justifica la puerta abierta a situaciones que nuestra experiencia conoce de forma sobrada. Se ha perdido el trabajo hecho día a día durante muchos años. Quienes han colaborado en esta vuelta a las andadas deberán asumir el resultado social de su irresponsabilidad política, empezando por el presidente del Gobierno, siguiendo por sus jueces de cabecera y acabando por los voceros colaboracionistas con carné de prensa.