COPE
Alfonso Barrada, de ICADE y experto, sobre aguas canarias, ha explicado en COPE el conflicto derivado de la ampliación de la demarcación oceánica del país magrebí
Alfonso Barrada, profesor del Máster del Instituto Marítimo de ICADE y experto en derecho internacional del mar y espacios marítimos, ha sido entrevistado este lunes en 'Herrera en COPE' a propósito de las leyes que ha aprobado el Parlamento de Marruecos, las cuales delimitan las aguas de explotación exclusiva del país magrebí. Se trata de un proyecto que puede crear solapamientos con las aguas españolas en Canarias. Aunque el objetivo de Marruecos es apropiarse de las aguas del Sáhara Occidental, la iniciativa tiene impacto en España.
Según ha dicho el docente, la mayor parte de los Estados lo que hacen son delimitaciones unilaterales de sus espacios marítimos y es frecuente que un Estado se solape o declare como espacios marítimos los de otro Estado. Así sucedió, por ejemplo, con Francia en 2012, que declaró su zona económica exclusiva tapando una zona que era de protección pesquera española.
Barrada ha explicado que en 1973 Marruecos estableció su mar territorial en 13 millas y en 1981 declaró su zona económica exclusiva a 200 millas. "Ahí sí que entra claramente en aguas canarias y ahí es donde hay que delimitar espacios marítimos", ha subrayado. Hasta ahora, "entre España y Marruecos a la altura de Canarias no había conflicto", pero "lo significativo es que Marruecos va a actualizar esas leyes apoyándose en la costa del Sahara Occidental", algo que nunca antes había hecho.
El experto ha explicado que Marruecos va a reclamar derechos sobre el subsuelo marino, que además de las 200 millas de la zona económica exclusiva puede extender a 350 millas, pero lo relevante es que "España va a tener que pasar ya que Marruecos considera como territorio soberano suyo el Sahara Occidental y ningún Estado del mundo ha reconocido que Marruecos sea el reino soberano".
Y es que, Marruecos es el administrador de hecho, que no de derecho, del Sahara Occidental desde que España se lo dejó a Mauritania y a Marruecos, que finalmente se ha quedado como administrador de facto.
