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 Esta semana, Javier Negre dedica su 'Informe Negre' al caso de Ruth, una falsa desahuciada que utilizó Podemos.

Su nombre es Ruth Mélida y el pasado martes encabezó una manifestación en el Congreso de los Diputados con el diputado Rafa Mayoral de Podemos informando que iba a ser desahuciada de un edificio en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes y erigiéndose como la portavoz de todas las familias afectadas por el fondo de inversión Lazora.

Resulta que esta mujer no es inquilina del edificio que es propiedad del fondo Lazora ni existe ninguna orden de desahucio contra ella ni representa a ninguna familia afectada por Lazora porque no hay familias afectadas.

Resulta que el fondo Lazora compró el edificio en 2008, cuando era vivienda protegida. En 2016, cuando ya era mercado libre Lazora comenzó a comunicar a los vecinos con contrato a punto de vencer que había que renovarlos actualizando las rentas. Fue cuando recibió varios emails de una persona que se identificaba como la vecina Lina María Gutiérrez y Lazora accedió a una reunión con la arrendataria. Su sorpresa fue que a la cita acudió Ruth Mélida, que no aparecía en el contrato como arrendataria del mismo.

La mujer no tenía derecho a la vivienda protegida porque es propietaria de otro piso en Torrejón de Ardoz. Ruth Mélida pidió al fondo que prorrogase el contrato de su allegada Lina María, que vencía en 2017, al mismo precio de origen: a 600 euros al mes y no a los 999 euros que ya exigía Lazora. La empresa, que conoció entonces que Mélida estaba embarazada, decidió hacer una renovación tácita del contrato de Lina María por un año, aunque le advirtió de que se trataba de una situación excepcional.

Dos meses antes de que finalizase la prórroga del contrato, el fondo ofreció a Mélida hacer un contrato a su nombre con una sustancial rebaja en el precio del alquiler dado que la mujer, que tiene dos niños menores, les trasladó que su marido se había quedado en paro. Según fuentes de Lazora, fijaron el precio en 700 euros, 300 menos que el que estaban cobrando a otros inquilinos por un inmueble con piscina y jardín. Mélida le dice que no: 600 euros o monta una campaña mediática. Un chantaje que el fondo no aceptó.