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Carlos Herrera  

 

COPE

El proceso por la demanda civil presentada en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers contra el juez Llarena arranca hoy con una vista preliminar

Este martes arranca el proceso por la demanda civil presentada en Bélgica por el ex presidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena con una vista preliminar en la que previsiblemente “el juez se limite a escuchar a las partes”.

En 'Herrera en COPE', el juez José Antonio Vázquez Taín, ha reconocido que se trata de una demanda “intencionadamente compleja”. “Tiene dos contenidos, un relatorio donde se desgranan una serie de agravios cometidos por el estado español contra las minorías independentistas y unas declaraciones del juez Llarena en Oviedo, que dice que son injuriosas y que buscan desacreditarles como políticos y manchar su campaña en Bélgica”. Precisamente el supuesto error de la demanda en relación con las palabras pronunciadas por Llarena durante una conferencia, en la que negó la existencia de presos políticos, es uno de los temas clave que se tratarán este martes.

Llarena dijo: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo. Se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".

Mientras que la traducción de la demanda al francés recoge al final de ese párrafo la expresión "y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación", que elimina el condicional de las palabras del magistrado.

¿Hay mala intención en la redacción de la demanda?

“No es extraño este tipo de demandas. Aquí se mezclan muchos conceptos, se pasa del proceso español a las declaraciones de Llarena, no sé si con mala intención, pero buscando intencionadamente dos efectos; sentar al sensación en la demanda de que son las víctimas de un proceso largo de persecución al pueblo catalán y confundir al juez”.

En esta ocasión ni el ex presidente de la Generalitat ni Llarena acudirán a la vista, según fuentes jurídicas, aunque sí podría ir alguno de los ex consejeros: Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí.

Según fuentes cercanas al caso, las primeras audiencias servirán para que las partes presenten escritos y entre vista y vista podrían pasar alrededor de dos meses, por lo que el caso podría alargarse en torno a un año.