COPE
El director del Departamento de Relaciones Laborales y Asuntos Exteriores de Fomento del Trabajo, Javier Ibars ha considerado en 'Herrera en COPE' que el alcance de la huelga general en Cataluña convocada por el sindicato minoritario Intersindical-CSC para este miércoles 8 de noviembre “debería ser absolutamente menor".
La principal patronal catalana, Foment del Treball, ha presentado una demanda de conciliación y un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para pedir que se declare ilegal esta huelga al entender que sus motivaciones son políticas. “La normativa exige que la convocatoria de la huelga tenga una implicación laboral”, ha recordado. Además, “el sindicato convocante no tiene el grado suficiente de representatividad para convocar una huelga general, únicamente tiene fuerza en un determinado sector del funcionariado de la Generalidat de Cataluña”, ha añadido.
"UGT y CCOO, los sindicatos mayoritarios no han secundado este tipo de convocatorias"
Javier Ibars ha asegurado que este sindicato ha utilizado razones como la "regresión de derechos sociales" y la precariedad laboral “para tratar de dar a la huelga una apatiencia de laboralidad que no existe”.
Denuncia que “desde el pasado 3 de octubre se han convocado huelgas generales de manera ininterrumpida por sindicatos minoritarios y sin representatividad en el sector productivo en Cataluña” y recuerda que UGT y CCOO, los sindicatos mayoritarios, "no han secundado este tipo de convocatorias pese a las presiones que han recibido”. “Son conscientes de que el mecanismo para encauzar esta situación no son las huelgas generales”, ha señalado.
Por último, ha afirmado que hay indicadores que confirman la ralentización de la economía en Cataluña. Además de la paralización de inversiones y el traslado de sedes sociales, destaca el dato del paro del mes de octubre, que triplica al registrado en el mismo mes de años anteriores.
El llamamiento a la huelga general por parte de Intersindical-CSC llegó un día después de que la Audiencia Nacional decretara el ingreso en prisión del exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras y de otros siete exconsejeros, acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación en el proceso independentista.
