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"Señoras, señores, me alegro, buenos días...
El cielo va a estar despejado en buena parte del país y lo que no está despejado es el panorama político, absolutamente enturbiado por este asunto que nos lleva de cabeza, informativa y políticamente hablando desde hace mucho tiempo, y que está entrando en la fase decisiva de embudo.
¿Qué novedad hay en el día de hoy? ¿Cuál de las caras del poliedro es la que hoy tenemos que ver? Hoy se habla mucho de la Agencia Tributaria de Cataluña, que un es instrumento que dicen Puigdemont y Junqueras que tienen preparado con setecientos trabajadores para el día siguiente del referéndum, como dan por hecho que lo van a celebrar y que lo van a ganar porque van a votar ellos, empezar a cobrar todos los impuestos a los catalanes.
La Agencia Tributaria que Puigdemont y Junqueras dicen que tienen preparada para el día después del referéndum
La Agencia Tributaria de Cataluña cobra algunos impuestos. Es una agencia, no solo en Cataluña, en más comunidades hay una agencia como esa, y es una agencia que cobra los impuestos propios, los que pone la propia Generalidad, y los que ha delegado en ella el Gobierno central. ¿Y esos cuáles son? El de transmisión patrimonial, el de actos jurídicos documentados, el de tributo sobre el juego. Y luego el que ponen ellos, que es esa cleptocracia en la que no solamente entran administraciones como la catalana, también la andaluza y otras más, que es el de patrimonio y el de sucesión. Esa forma de quedarse con el dinero que no es suyo por el procedimiento del tirón. Gestiona impuestos. Hay unos cuyo dinero se lo queda, y otros cuyo dinero se lo tiene que mandar a la Administración central del Estado.
Pero ahora dice que pretende que usted, ciudadano catalán, en lugar de ir a la Delegación de Hacienda a pagar el IVA, el IRPF o las sociedades o lo que tenga usted que pagar, vaya a la Agencia Tributaria catalana. Primero si la encuentra, porque tiene solamente diecinueve delegaciones. Harían falta, según cálculos de especialistas, unos cuatro mil o cinco mil funcionarios más para poner en marcha una Agencia Tributaria. Y cinco mil además con experiencia, que no es fácil.
Cuidado que la responsabilidad puede ser penal, puede haber multas, embargos, etcétera
Hay varias consideraciones en los medios muy interesantes. Yo les citaba un artículo de Victoria Prego en El Independiente que me parece ejemplar, magnífico. En este ha sido valiente Victoria, porque recuerda que esa pretensión de hacer una pregunta dentro de veintiséis días, nada menos, que todavía no se sabe ni dónde, ni en qué urnas, ni con qué papeletas, ni con qué funcionarios, ni con qué garantías, ni con qué nada, es una forma de voluntarismo por cuanto no hay condiciones formales ni materiales para poder hacer esa especie de referéndum, que además es ilegal, no cuenta con garantías, y podrán celebrar algún tipo de pachanga. Pero la pachanga no dejará de ser un fraude. Volverán a hacer el ridículo otra vez, como el 9 de noviembre.
La estrategia es elevar el tono, la insolencia de la ilegalidad, para sacar de los nervios al Gobierno español
¿Cuál es la estrategia?
La estrategia es elevar el tono, la insolencia de la ilegalidad, para sacar de los nervios al Gobierno español. Están deseando que el Gobierno español se dedique a decir barbaridades, a anunciarlas, y a planear acciones incluso contundentes, tan contundentes que parezca que entre manotazos y aspavientos vayan a solucionar las cosas.
¿Para qué?
Para sacar a la gente a la calle. Primero en la Diada, es necesario en esa Diada dar una demostración de fuerza. Y luego después el día 2 de octubre. Y les diré algo: y si hay heridos, mejor. Porque esto es "vean ustedes, una vez más, los catalanes somos víctimas de un Gobierno dictatorial que no nos deja ejercer la democracia, que para nosotros es poner urnas donde queramos, cuando queramos y preguntar lo que queramos". Que no pareza una sociedad desarrollada, respetuosa con el derecho, etcétera. "No nos deja España".
Es como en 1714, una vez más. Y aquí el pendón de Santa Eulalia y Rafael de Casanova... El Estado no puede perder ese desafío, y no puede perder el control, y no puede caer en determinadas trampas. Hay muchas voces que anelan del Gobierno otro tipo de contundencia. Pero algo me dice que lo más inteligente es no brindar una sola excusa para que del drama se pase a la tragedia. Hay que ser particularmente delicado, porque las puertas de la tragedia se abren enseguida y permanecen mucho tiempo.
Hay otras cosas en la información de hoy, como que el Gobierno de Baleares tienen que rebajar la exigencia del conocimiento del catalán para acceder a una plaza pública de médico o enfermera. Porque el que no tiene el título de catalán, aunque lo hable, lo que hace el tío es irse donde no se lo pidan.
¿Qué quiere, que sea un buen médico o que hable catalán?
No, las dos cosas. Pues las dos cosas hay menos, y al haber menos pues hay servicios que usted no puede garantizar. Con lo cual ya empiezan a estudiar. Darse una ducha de realismo es tan bueno para algunos".
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Felipe VI abre un año judicial marcado por el desafío soberanista
El Rey presidirá este martes la ceremonia de apertura del Año Judicial, un curso que arranca con todas las miradas apuntando a Cataluña en una semana que se antoja clave para el proceso soberanista y la convocatoria del referéndum del 1 de octubre.
La ceremonia del nuevo Año Judicial, la quinta que preside Felipe VI, tendrá lugar en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo.
Acompañarán al rey el presidente de este tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, junto a las máximas autoridades en materia de Justicia, incluido el ministro, Rafael Catalá.
Será Lesmes quien pronuncie el discurso inaugural del Año judicial mientras que Maza, por primera vez desde su nombramiento, presentará los datos de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al pasado año.
Al acto asisten también los cerca de 90 magistrados del Tribunal Supremo, así como los fiscales, abogados del Estado y letrados de la Administración de Justicia de dicho órgano; los vocales del CGPJ; y los presidentes del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas; del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría y del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda.
También estarán presentes los presidentes de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Militar Central, y representantes de todas las asociaciones judiciales.
El acto se desarrollará en la víspera de que arranque un pleno del Parlamento de Cataluña que podría aprobar la proposición de ley del referéndum, paso previo a una inmediata convocatoria del mismo por el Govern de la Generalitat.
Para el mismo miércoles está convocado un pleno del Tribunal Constitucional, con lo que, si se cumple el escenario previsto, la convocatoria del 1-0 se formalizará con los magistrados reunidos y preparados para recibir la impugnación del Ejecutivo, aunque -como no podía ser de otra manera- el asunto no figura en el orden del día.
El TC suspenderá de inmediato de forma cautelar los preceptos o decretos impugnados, como establece el artículo 161.2 de la Constitución, y como ha hecho con todas las decisiones adoptadas hasta el momento en este proceso.
De hecho, en una sentencia del pasado 14 de febrero declaró ilegal el referéndum y cualquier acto que sirva para su preparación.
Al margen de la automática suspensión, el resto de la respuesta del TC dependerá del alcance de la petición del Ejecutivo y de si solicita que se apliquen sanciones o suspensiones de las funciones de autoridades y funcionarios.
Hasta el momento, en las resoluciones adoptadas (siempre por unanimidad), el TC ha optado por el apercibimiento a esas autoridades de las responsabilidades (incluidas las penales) que conlleva desobedecer sus resoluciones y por la notificación a la Fiscalía, que fue la que emprendió la acción penal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros de la Mesa por esa desobediencia.
La adopción de medidas coercitivas podría acarrear el fin de la unanimidad que ha marcado las resoluciones del TC sobre el proceso soberanista, con lo que, en principio, según las fuentes consultadas por Efe, el pleno del Tribunal optaría por la suspensión de las normas y el apercibimiento, aunque podría ampliar el número de personas apercibidas.
En cualquier caso, el 1-0 quedaría suspendido de forma automática, como ocurrió el pasado mes de julio con la reforma del Reglamento del Parlament para abrir la vía de la convocatoria exprés del referéndum.
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Hacienda sancionará a quienes paguen impuestos a la Agencia catalana
El ministerio emite un comunicado para advertir a la sociedad tras el anuncio de Puigdemont
El Ministerio de Hacienda ha recordado el deber de los contribuyentes de liquidar los impuestos ante la administración competente y ha advertido de que hacerlo indebidamente ante la Agencia Tributaria Catalana puede implicar sanciones e incluso ser constitutivo de un delito penal.
Hacienda ha hecho público un comunicado dejando patente esa advertencia después de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya asegurado que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), con un potencial de recaudación de 42.000 millones de euros, está «preparada» para aplicar el resultado del referéndum del 1-O, «sea cual sea la voluntad» que manifiesten ese día los catalanes.
El Ministerio que dirige Cristóbal Montoro recalca que, si bien Cataluña es competente para gestionar sus propios tributos, no puede asumir los que no le compete gestionar, y avisa a los contribuyentes que presentar sus declaraciones ante la administración indebida implica que «se tendrán por no presentadas y las deudas por no pagadas».
En concreto, Hacienda explica que, en el marco del sistema de financiación autonómica, Cataluña, como las demás comunidades de régimen común, tiene una administración tributaria propia competente para gestionar sus propios tributos y los estatales cuya recaudación se cede íntegramente a esas comunidades de régimen común.
Cita en concreto el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los tributos sobre el juego y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. El resto se tiene que pagar ante la administración tributaria competente, y no hacerlo reitera Hacienda que implica que se den por no pagadas las deudas.
Por tanto, explica que en el caso de los impuestos cuya gestión corresponde al Estado, Hacienda podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la deuda tributaria e imponer sanciones, así como iniciar el procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de la deuda. «En su caso -añade-, estas conductas podrían ser constitutivas de delito contra la Hacienda Pública».
En este sentido, Hacienda recuerda que las personas jurídicas no tienen solo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal. Además, sus administradores pueden incurrir en responsabilidad tributaria, como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria defraudada en función de su grado de participación en la infracción tributaria.
El comunicado del Ministerio encabezado por Montoro señala que la Generalitat creó en 2007 la Agencia Tributaria de Cataluña como ente encargado de la aplicación de los tributos cuya gestión corresponde a la Generalitat, de la misma forma que otras comunidades disponen también de sus propias Agencias Tributarias autonómicas.
Añade que la Generalitat ha aprobado disposiciones para impulsar esta agencia y poder convertirla en la «Hacienda propia» de Cataluña, pero que el Tribunal Constitucional ha anulado todas aquellas previsiones que excedían el marco constitucional y estatutario.
