Toda la comarca depende de este sector

 

Un pescador de Isla Mayor al atardecer 

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) estima en nueve millones por temporada los daños que podrÌa ocasionar el veto y un aumento del 10 por ciento del consumo de agua

La sentencia del Tribunal Supremo, en la que se incluye al cangrejo de río americano en el catálogo de especies exóticas invasoras a las que prohíbe su comercialización, ha sentado como un jarro de agua fría en la provincia de Sevilla. Un fallo judicial que llega tras la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción, que defiende que este crustáceo importado de Norteamérica en los años 70 es destructivo para el medioambiente.

El mazazo que se ha llevado el pueblo de Isla Mayor, el sector cangrejero y la comarca del Bajo Guadalquivir ha sido mayúsculo, pues hay que recordar que solo en este municipio de 6.000 habitantes, el 70 por ciento de la población se dedica a la pesca del cangrejo rojo. Una prohibición que podría ser devastadora, social y económicamente, para sus gentes.

Los números son claros y concisos: esta especie genera al año en el municipio sevillano de Isla Mayor 20 millones de euros de facturación, 200.000 jornales y da empleo perenne a más de 250 familias. Son datos facilitados por Pebagua, una asociación de productores locales, formada por las empresas Alfocan, Emfacar, Pescacial y Seafood, dedicadas al procesado del delicioso decápodo como materia prima para la elaboración de platos precocinados destinados a la alimentación. Negocios entre cuyos clientes se encuentran gigantes como Mercadona.

Según Elisabeth Carnerero, gerente de Emfacar, esta sentencia afectará a las nuevas instalaciones que su empresa inauguró hace dos años y cuyo coste fue de 2 millones de euros. Un moderno complejo dedicado en exclusiva a la conservación y manufacturación del cangrejo de río, cuya temporada de pesca va desde julio hasta finales de noviembre. Fechas en las que pueden llegar a almacenar cerca del millón de kilos, con cientos de hombres y mujeres trabajando sin cesar.

Desde luego, se trata de un sector en auge donde las exportaciones tienen mucho que decir. Tanto que el 85 por ciento de las ventas va al mercado internacional. Europa, los países escandinavos y Estados Unidos son los principales destinos de este «marisco» de las marismas. Isla Mayor se sitúa así como la principal productora europea de dicho crustáceo; posicionando a España como el segundo país exportador, solo por detrás de la todopoderosa China.

Francisco Galera ?en la imagen- es pescador de cangrejos desde hace cuarenta años. Toda su familia se dedica a ello. Su esposa y su hijo le ayudan en la faena diaria y su hija trabaja en uno de los viveros de Isla Mayor. ?Esta prohibición supondría la ruina de toda mi familia y la de todo el pueblo?, afirma. Francisco nos comenta que el kilo de cangrejo rojo americano se lo pagan entre 0,50 céntimos y 1,20 euros. Dependiendo de si la temporada es buena o regular. Y es que olas de calor como las del año pasado, anteriores al comienzo de la campaña, pueden perjudicar a su pesca. A pesar de la grave problemática, este curtido vecino espera que haya una solución cuanto antes ?y que todo esto solo sea una pesadilla?.

Mientras, el alcalde isleño, el socialista Juan Molero, ha asegurado a este periódico que desde que se dictó la sentencia ?la cual aún no se ha publicado en el BOE- ?está llevando a cabo una lucha particular sin cuartel por la supervivencia de su pueblo?. Para Molero, no pescar esta especie significaría la ruina total del municipio. ?No solo hay que tener en cuenta los millones de euros que se perderían, sino la bolsa de paro que acumularíamos. Es más, la gente joven estaría obligada a marcharse de Isla Mayor y, eso, para un pueblo pequeño como este y tan lejos de todo ?la localidad más cercana está a 20 kilómetros- entrañaría la desertización total?. Su único consuelo, dice, es que ?estamos arropados por el Estado y por el Gobierno de la Junta de Andalucía?.

Pero no sólo en Isla Mayor hay pescadores de cangrejos de río, y por tanto afectados, sino también en otros municipios del entorno del Parque y de las Marismas del Guadalquivir como: Coria del Río, La Puebla del Río, Los Palacios y Villafranca, Utrera, Las Cabezas, Lebrija, El Cuervo o Trebujena.

Igualmente, otro gran perjudicado por la supresión de la pesca del «Procambarus clarkii» sería el sector arrocero, que también se encuentra enclavado en la misma comarca. La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua, ha estimado los daños que podría ocasionar en unos 9 millones de euros por temporada, además de un aumento del 10 por ciento del consumo del agua. Esta asociación alerta de las repercusiones que tendría para las 1.800 familias que viven de la actividad agrícola y en particular del arroz, que genera una actividad económica anual de 150 millones de euros.

El presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, explica que las consecuencias se apreciarían de forma "abrumadora nada más comience la temporada de recolección del grano entre julio y octubre", y los "millones de cangrejos que ahora mismo están hibernando empiecen a horadar caminos, tuberías, canales de riego y todo tipo de infraestructuras acuíferas y viales. Las autoridades no pueden imaginarse lo que se nos viene encima, ya que nuestros caminos agrícolas podrían verse literalmente asfaltados por cangrejos rojos?.

En la actualidad, el coste medio de lucha contra el daño del cangrejo rojo se estima en 80 euros por hectárea, que por las 36.000 hectáreas actuales ascienden a 2,7 millones de euros. Pero este mal menor ya está equilibrado gracias a su comercialización. En el caso de que el control de la pesca desapareciera, los daños se podrían multiplicar por entre 4 y 6 veces -suponiendo de 300 a 500 euros por hectárea-, poniendo en peligro la viabilidad de todo el sector arrocero.

A día de hoy, en toda la marisma hay una población estimada de 300 millones de cangrejos. A eso hay que sumar que las hembras ponen entre 700 y 1.000 huevos por puesta -una cada año-, lo que demuestra la alta tasa de reproducción que tiene el crustáceo. El descontrol absoluto implicaría una auténtica invasión medioambiental.

Desde la Delegación del Gobierno en Andalucía, se ha puesto el caso en manos de la Abogacía del Estado, para buscar posibles vías jurídicas en relación con la sentencia del Supremo y "encontrar soluciones de apoyo al sector", según manifiesta su delegado Antonio Sanz. Por otra parte, los empresarios agrupados en la anteriormente mencionada Pebagua, ya han elevado además al Alto Tribunal un "incidente de nulidad", en el que, entre otras razones, alegan "indefensión" porque no se les ha "emplazado" en el litigio. El sector reclama la "retroacción de las actuaciones al momento anterior" a la sentencia y que el fallo no se aplique en tanto que no se resuelva el incidente, "ante el enorme riesgo de pérdida de puestos de trabajo y del medio de vida de toda una comarca, que provocaría una ruina social irreparable en la zona".