La presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, ha comparecido en rueda de prensa después de que varias personas de su partido hayan sido detenidas en una macrorredada anticorrupción en España . Aguirre ha asegurado que no quiere "eludir la responsabilidad que me corresponde en el nombramiento del señor Granados para cargos de alta responsabilidad" y ha añadido que "los ciudadanos están hartos del espectáculo de corrupción que se encuentran cada mañana en los medios de comunicación y yo también estoy harta".

Esperanza Aguirre pidiendo perdón en rueda de prensa

La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asumido su responsabilidad por haber nombrado a Francisco Granados como alto cargo tanto de la Comunidad de Madrid como del partido en Madrid, "no puedo ni quiero eludir la responsabilidad que me corresponde en el nombramiento del señor Granados".

Aunque Aguirre ha puntualizado que "es verdad que hace ya más de tres años que perdí la confianza en el, pero en ningún momento tuve la menor sospecha de que estuviera utilizando sus cargos para el enriquecimiento personal" y ha explicado que "el señor Granados no tiene ningún cargo porqué ya fue cesado del Gobierno hace cuatro años y de la secretaria general del partido hace tres".

Esperanza Aguirre ha dicho que está "absolutamente dispuesto a colaborar con la justicia para que se conozca todo el alcance de este asunto" y ha añadido que "tenemos que colaborar en la investigación, pedir celeridad a la justicia y pedir perdón a los ciudadanos y yo no eludo mi responsabilidad".

Aguirre ha asegurado sentirse "abochornada" tras conocer la detención hoy de Granados y otro medio centenar de personas y ha asegurado que "vamos a pedir a todos los cargos institucionales, una vez que se sepa un poco más, que dejen ese cargo inmediatamente sin prejuzgar si son culpables o no".

Francisco Granados y Marcos Martínez son dos de los hombres que este jueves están citados a declarar ante el juez Velasco por su presunta implicación en la operación Púnica. También declararán cinco empresarios, dos de ellos Didier Maurice y Constantino Álvarez, de la multinacional francesa Cofely, que recibió numerosas adjudicaciones irregulares, así como otros tres de empresas de Marjaliza (Eduardo de la Peña, José Luis Huerta y Antonio Serrano).

Los últimos 17 detenidos en la operación Púnica que quedan por ser conducidos ante el juez Eloy Velasco, entre ellos al exconsejero madrileño y esxecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, han comenzado a llegar a las 09:00 a la Audiencia Nacional desde dependencias de la Guardia Civil.

El primer furgón de la Guardia Civil, con cinco detenidos, ha llegado a la sede de la Audiencia Nacional en la calle Prim a las nueve de la mañana, han informado fuentes jurídicas. Tras el traslado de los detenidos a los calabozos del tribunal serán puestos uno a uno a disposición del juez para su interrogatorio.

Además de a Granados y a su socio en la trama de corrupción, David Marjaliza, Velasco tomará este jueves declaración al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP), y a cinco empresarios.

Dos de ellos, Didier Maurice y Constantino Álvarez, de la multinacional francesa Cofely, que recibió numerosas adjudicaciones irregulares, así como otros tres de empresas de Marjaliza (Eduardo de la Peña, José Luis Huerta y Antonio Serrano).

Estos cinco, que son los trasladados en el primer furgón que ha llegado a la Audiencia Nacional, tenían que haber comparecido ayer, pero finalmente sus declaraciones se pospusieron a hoy después de que Velasco decretara para ellos la detención judicial, puesto que hasta entonces se trataba de un arresto policial.

Velasco envió a prisión, eludible bajo fianzas de 60.000 euros a los alcaldes de los municipios madrileños de Torrejón de Velasco (PP), Gonzalo Cubas Navarro, y de Parla, José María Fraile (PSOE), así como al jefe de gabinete de este último, Antonio Borrego, y de 25.000 para el testaferro de Marjaliza, Antonio Cándido Ruiz.

En este procedimiento, con 51 imputados, fueron detenidas 35 personas, de las que 12 comparecieron ayer ante el juez, otras 17 lo hacen hoy y seis quedaron en libertad por parte de la Guardia Civil.

El juez afirma en el auto que dictó ayer que los detenidos formaban parte de una "trama organizada con perduración temporal y reparto de roles que, sacando provecho de relaciones personales e influencias políticas, ha logrado obtener de manera irregular la adjudicación de numerosos contratos públicos, aprovechamientos urbanísticos o gestiones de bienes y servicios", contratos que en algunos casos alcanzaron los 100 millones de euros.