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"Lo fundamental es lo que dicen los informes sobre CiU"

Carlos Herrera se refiere en su editorial a tres clásicos: Urdangarín, Grecia y la campaña catalana. Sobre la campaña catalana Herrera comenta la reacción de CiU a la confirmación por parte del Ministerio de Interior de que los informes que acusan a este partido de corrupción existen.

CiU insiste en que estos informes han sido creados y Carlos Herrera destaca que "lo fundamental sigue siendo lo que dicen los informes, hablar del procedimiento de publicación es como lo del dedo y la luna, veremos el resultado de las investigaciones".

Sobre Grecia, Carlos Herrera, comenta la falta de acuerdo en la reunión del Eurogrupo y del FMI para dar un nuevo restate a este país. En cuanto al caso Urdangarín comenta la fianza de ocho millones de euros que el fiscal le ha puesto a Iñaki Urdangarín y a su socio Diego Torres, esta cantidad se corresponde "con los dineros que recibio el tandem a cambio de los informes que les encargaron en Valencia y Baleares haciendo ver su influencia como yerno del rey"

La Fiscalía presenta su escrito para pedir al juez la fianza de 8,2 millones para Urdangarin y Torres

Si el juez la estima, cada uno de los imputados podrá abonar su parte de forma desigual o podrá pagar tan sólo uno de ellos, mientras se garantice el pago de la cantidad global

La Fiscalía Anticorrupción acaba de presentar ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma su escrito de responsabilidad civil en el que solicita una fianza de 8.189.448 euros para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su exsocio Diego Torres y las empresas administradas por ambos imputados y a través de las cuales presuntamente desviaron los fondos públicos y privados que obtuvieron a través del Instituto Nóos.

El fiscal Pedro Horrach ha solicitado de este modo que se abra una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se dé traslado a las partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien y hagan las alegaciones que estimen oportunas, tras lo cual el juez, José Castro, dictará un auto con el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía.

Se trata de una caución a la que, en caso de ser acordada por el magistrado, deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria ambos imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones.

En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la Infanta es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.

Sin embargo, ni Urdangarin ni Torres serán los únicos para quienes el Ministerio contempla solicitar fianza, puesto que será más adelante cuando, previsiblemente, reclamen una nueva caución para otros imputados de la causa, a razón de su intervención en este entramado societario, tal y como señalaron fuentes de la investigación a Europa Press.

Mientras tanto, el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, también ha presentado esta mañana su escrito, de 30 páginas, en el que pide la misma cantidad y detalla la forma en que "se disfrazó a Nóos con la careta del ánimo de lucro", a pesar de que "se creó específicamente" para acceder a distintos convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas de Baleares y Valencia y de esta forma defraudar el dinero público obtenido.

Tanto la Fiscalía como Manos Limpias plantean como petición alternativa una fianza civil de 5,9 millones de euros de los que presuntamente se apropiaron los encausados a través de esta trama, para el caso de que el juez Castro no estimase la primera de las peticiones. Por su parte, la Abogacía de la Comunidad Autónoma, acusación particular en este proceso, no ha presentado ninguna solicitud en este sentido.

Las acusaciones desglosan su petición de fianza en los 1,2 millones de euros que costó el convenio para la celebración del primer Illes Balears Forum (2005); los 1,085 millones del segundo (2006); los 1.044.000 millones de cada una de las t