EL PAIS
España moviliza a sus socios y aliados para frenar la expropiación de YPF
- Madrid busca el respaldo de EE UU, la UE, el G-20 y los países iberoamericanos ante Buenos Aires
- El Gobierno de Rajoy amaga con medidas de represalia
El Gobierno español elevó este viernes el tono de su enfrentamiento con el Ejecutivo de Cristina Fernández ante la amenaza de una inminente expropiación de la participación de Repsol en la petrolera argentina YPF. Si el jueves el ministro de Industria, José Manuel Soria, declaró que los “gestos de hostilidad [hacia la compañía española], traerán consecuencias”, el viernes su colega de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, fue más lejos. “Cualquier agresión, violando el principio de seguridad jurídica, a Repsol será considerado una agresión por parte del Gobierno español, que tomará las acciones que considere oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados”, dijo el ministro, tras reunirse con el embajador argentino en España, Carlo Antonio Bettini, a quien convocó a la sede de su ministerio para trasladarle la preocupación de las autoridades españolas y pedirle aclaraciones sobre los planes de su país respecto a la petrolera española.
Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría contribuyó a escenificar la gravedad de la crisis al advertir, con tono solemne, que “la obligación del Gobierno es defender, con todos los instrumentos a su alcance, los intereses generales de España”.
Ni Margallo ni Saénz de Santamaría quisieron detallar las posibles represalias
Ni Margallo ni Saénz de Santamaría quisieron detallar las posibles represalias. El primero argumentó que aún hay margen para una salida negociada y la segunda porque, según sus palabras, “las medidas no se anuncian, se adoptan. Y espero que este Gobierno no tenga que adoptarlas, pero si tiene que adoptarlas, lo hará”, apostilló.
De momento, el Gobierno ha iniciado una ofensiva diplomática para ganarse el apoyo de sus socios y aliados. Margallo reveló que su departamento ya ha informado sobre este contencioso a Estados Unidos —segundo inversor extranjero en Argentina tras España—, a través de su embajador en Madrid, Alan Solomont, y del Departamento de Estado; a México, que ejerce la presidencia de turno del G-20; y a Colombia, anfitrión de la Cumbre de las Américas, que se inicia este viernes en Cartagena de Indias, para que se aborde en la misma.
También se ha dirigido a la Comisión Europea, que se alineó con la posición española. “Esperamos que Argentina respete sus acuerdos internacionales en la protección de la inversión, estamos del lado de España en este asunto”, manifestó un portavoz de la Comisión, quien confirmó que su presidente, José Manuel Durao Barroso, ha trasladado a la presidenta Fernández de Kirchner su preocupación por este asunto, a través de la representación de la UE en Buenos Aires, informa desde Bruselas Lucía Abellán.
El peor daño no es el que España puede hacer a Argentina, sino que el que Argentina se hace a sí misma con esta decisión
La denuncia ante los foros internacionales de la falta de respeto a las reglas del Estado de Derecho por parte de la Administración de Fernández de Kirchner constituye, según fuentes diplomáticas, el instrumento de presión más eficaz; de ahí que las primeras gestiones se hayan dirigido hacia EE UU y el G-20, del que Argentina forma parte. En palabras del secretario de Estado para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, Buenos Aires puede convertirse en un “apestado internacional”, ya que “romper las reglas de juego tiene un coste”.
“Una cosa es defender un sector estratégico como los hidrocarburos, incluso llegando a la nacionalización, y otra actuar contra los intereses de una empresa”, advierte un ex
